Los propietarios de todas las viviendas del municipio, especialmente las del rural, estarán obligados a abonar al Concello la tasa de saneamiento pese a no estar conectados al servicio municipal, si cerca de cada una de estas casas existe una red de alcantarillado en funcionamiento. Así se detalla en la ordenanza fiscal del servicio, que fija una distancia de cien metros para decretar obligatoria esa conexión. Aquellos propietarios situados dentro de esos límites que rechacen el enganche, pagarán igualmente los nueve euros cada dos meses por el servicio municipal y otros siete por el canon de vertido de la Xunta, lo que suma cerca de cien euros al año.
Así lo anunció ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, quien explicó que "cada obra de saneamiento en el rural supone una inversión entre siete y diez mil euros por vivienda y es el servicio más demandado por los vecinos, por lo que es de justicia que una vez que exista una red de alcantarillado próxima a las casas, sea obligatorio conectarse, y en caso contrario, se le aplicaría igualmente la tasa".
El edil indicó que de inmediato se iniciará una inspección por todo el municipio para comprobar la situación actual ya que, según admite "un elevado porcentaje de casas" evita el enganche pese a que la tubería pasa por delante de la puerta. Cada conexión domiciliaria, que puede llegar a lo mil euros, debe abonarla el propietario, principal razón por la que muchos vecinos se echan atrás pese a demandar previamente su ejecución al Concello.
González Carballo recordó ayer que la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de gestión de la red de alcantarillado detalla que "el vertido de agua residual en la red de saneamiento tiene carácter obligatorio para todas las fincas del municipio conectadas a ella y ocasionará la realización del hecho imponible de la tasa, incluso cuento los interesados no soliciten la prestación de tal servicio o no procedan a efectuar la acometida, siempre que exista la posibilidad de la conexión, entendiendo que esta se produce cuando el inmueble diste menos de cien metros de la red".
De oficio
El mismo documento añade que el Concello podrá realizar esta actuación "de oficio", es decir, elaborar por su cuenta el recibo y notificarlo al afectado, que estará obligado a abonarlo. Incluso cabe la posibilidad de aplicar atrasos hasta de cuatro años en aquellas viviendas que durante ese plazo hayan tenido posibilidad de contar con el servicio pero el interesado descartara la conexión.
González Carballo apuntó que este medida "no responde a efectos recaudatorios, ya que la cuantía no es significativa" para las arcas municipales, pero sí apeló a la "equidad fiscal" para que "todos los que tengan que abonar, lo hagan". El edil admite que los implicados "pueden no conectarse o negarse a realizar la acometida, pero eso no les eximirá de abonar la tasa" de unos cien euros anuales.
