Rafael Louzán posee una vivienda unifamiliar y distintas propiedades inmobiliarias (un apartamento, locales comerciales y fincas rústicas), todas radicadas en la provincia de Pontevedra, con un valor catastral conjunto de 271.751 euros y sobre ellos pesan préstamos hipotecarios por un total de 164.724 euros. además tiene 39.873 euros en cuentas bancarias. Son las cifras principales que aporta el presidente de la Diputación de Pontevedra y presidente provincial del Partido Popular (PP) en la declaración voluntaria de bienes que ayer hizo pública junto con la de los otros 26 corporativos de la institución en la página web oficial y en el Boletín Oficial de la Provincia.
En total declara un patrimonio de 355.948 euros, por debajo de los bienes publicitados por sus dos vicepresidentes: el concejal de Vigo, José Manuel Figueroa Vila y Xosé Crespo Iglesias, alcalde de Lalín.
Con esta declaración voluntaria de bienes -cuyo modelo fue pactado en la junta de portavoces de la Diputación de Pontevedra a imagen del utilizado en el Parlamento de Galicia- Rafael Louzán se suma al elenco de cargos públicos del PP que hicieron un "strip-tease" patrimonial siguiendo la estela del presidente del partido en Galicia y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que colgó en la red su declaración de la renta en la que consta un patrimonio, en su caso constatado por Hacienda, de 577.000 euros.
Con este gesto Feijóo quiso combatir la sombra de sospecha proyectada por el caso Bárcenas sobre el PP y recomendó a los cargos y líderes populares gallegos que revelasen sus bienes para dejar claro a la ciudadanía que no tenían nada que ocultar. Aunque se resistió a hacer el ejercicio de transparencia reclamado de manera insistente por el líder de su partido, finalmente Rafael Louzán publicó la declaración, eso sí consensuando previamente un "destape" coral con toda la corporación.
Más bienes declarados
Es el vicepresidente y alcalde de Lalín desde hace veintitrés años el que se revela como el diputado provincial oficialmente "más rico" al exponer un patrimonio global de 592.080 euros de los que 317.109 se corresponde con el valor catastral de su vivienda. ¡ El regidor dezano declara también, entre otras cosas, 86.105 euros en depósitos bancarios y un plan de pensiones de 116.231 euros. Todos sus bienes están libres de cargas y préstamos, siempre según su declaración.
El segundo vicepresidente provincia, José Manuel (Chema) Figueroa saca a la luz propiedades por un valor total de 476.247 euros, de los que el grueso, 315,190 lo consigna en cuentas bancarias.
Si el ranking de diputados provinciales "más ricos" -"o más transparentes" apuntan desde la oposición- lo encabeza Xosé Crespo, en el segundo puesto se cuela el alcalde de Salvaterra do Miño desde el año 1979 y desde 1995 bajo las siglas del PP, Arturo Grandal Vaqueiro que hace constar en su declaración publicada ayer en la web de la Diputación y el BOP bienes muebles e inmuebles por valor de 545.459 euros, de los que 332.265 corresponden al valor catastral de propiedades inmobiliarias y 185.194 euros en cuentas bancarias, entre otros bienes.
Mucho más modestos son los bienes declarados por los portavoces provinciales de la oposición aunque con acusadas diferencias. El líder del grupo del PSdeG-PSOE en la Diputación y concejal de Vigo, Santos Héctor Rodríguez Díaz, declara bienes muebles e inmuebles por un valor de 75.433 de los que él es propietario del 50% (37.716 euros) debido a que todos sus bienes son gananciales de su matrimonio.
Por su parte el portavoz del BNG y edil de Pontevedra, César Mosquera, concluye tras una farragosa declaración jurada -fórmula elegida por los cuatro diputados nacionalistas para "dar entidad" al modelo pactado en la junta de portavoces del que se desmarcaron - que tiene un patrimonio situado en torno a los 176.000 euros, aunque, según sus cálculos, potencialmente podría haber sido de entre 327.000 y 436.000 si hubiese mantenido un nivel de ahorro estable a lo largo de sus 37 años de vida laboral (es profesor de instituto) de entre el 30 y 40% del salario mensual.
De ellos era Santos Héctor Rodríguez el que ayer se declaraba más satisfecho porque al fin la corporación provincial y sobre todo el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, había hecho público una declaración de bienes, cuya credibilidad no quiso entrar a valorar, al entender que "era un ejercicio de transparencia que la ciudadanía está pidiendo a los políticos".
Más de 4,3 millones
La suma de los bienes declarados por los 27 miembros que integran el pleno de la Diputación -diecisiete del PP, seis del PsdeG-PSOE y cuatro del BNG- supera los 4,3 millones de euros.
Entre los corporativos los hay que hacen declaraciones muy detalladas como, por ejemplo, el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez, los citados Xosé Crespo y Arturo Grandal o los diputados socialistas y otros dejan en el aire el valor real del patrimonio voluntariamente declarado como, por ejemplo, el alcalde de Gondomar, Fernando Guitián Guitián, que cita que es propietario del 62% de una sociedad de ingeniería y del 25% de una sociedad mercantil, sin aludir a lo que puede suponer estas acciones desde un punto de vista dinerario.
Sorprenden, por otro lado, testimonios como el de la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que afirma ser titular de una finca urbana de 17.879 euros de valor catastral y de un saldo bancario de 7.911 euros y sin embargo tiene un préstamo hipotecario de 139.383 euros y otro personal de casi 15.000.
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