Las reacciones al último revés judicial sufrido por el urbanismo municipal no se han hecho esperar. Los tres grupos de la oposición exigen a la alcaldesa Catalina González que asuma responsabilidades tras conocerse que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra declaró firme la sentencia que obliga al concello a devolver los 3,8 millones de euros entregados por las promotoras del suelo urbanizable 13, en Monte Faro, (Emprosal 16 S. A., Llave del Año S. L. y Lanzagolf) por el convenio urbanístico que las eximía de construir vivienda protegida.
La socialista Dulcinea Aguín recurre a la "decencia política" para pedir a la regidora "que dimita, así como todas las personas con responsabilidades en materia de urbanismo que han llevado a este concello a una situación insostenible".
El BNG va un paso más allá trasladando la asunción de responsabilidades no solo a quienes ocupan la Alcaldía, sino también "a la anterior gerente, que ahora tiene competencias urbanísticas en la Xunta. No confiamos en que tengan dignidad para asumir esas consecuencias políticas. Habrá que exigírselas", avanzó David Otero.
En la misma línea se mueve Gonzalo Pita, de Sanxenxo Agrupación Liberal, que recuerda que "los responsables son los firmantes del convenio, o sea ella (Catalina González). Esperamos que no le eche la culpa a Telmo ni a Paco Villaverde. No es razonable que todos los vecinos tengamos que pagar esta cantidad por la irresponsabilidad y la mala gestión de otros", lamentó
Aunque la demanda de las empresas se remonta a julio de 2009, cuando ya gobernaba González Bea, ésta se basa en los documentos de finales de 2006 (durante el último mandato de Martín) que sirvieron para preparar el convenio.
"Quiebra" municipal
La bancada de la oposición coincide además de en su crítica a los servicios jurídicos por no presentar a tiempo el primer recurso, en señalar que la devolución de los 3,8 millones de euros (más los intereses generados desde 2009) supondría la "quiebra económica y el colapso del concello porque no va a poder pagar esa cantidad que hipoteca al ayuntamiento y a las generaciones venideras", auguró Otero, poco optimista sobre quienes acudirían al hipotético rescate del gobierno local, "las administraciones no nos van a socorrer a corto plazo".
"Esperamos que para salir de esta situación límite no se les ocurra subir los impuestos desmesuradamente", añadió el nacionalista, para quien el recurso interpuesto por el concello "es solo para ganar tiempo".
Para SAL, la sentencia "es muy grave porque sienta un precedente para otros procesos", como el que sigue abierto en el SU 14, también en Noalla.
Dulcinea Aguín se mostró muy crítica con el trabajo de la Xerencia (con un déficit de más de 600.000 euros en 2011) a la que acusó de poner trabas "por nimiedades" para la concesión de licencias a los vecinos, que se demoran meses e incluso años, "pero son ágiles para plantear modificaciones del PXOM que intentar solucionar problemas puntuales de miembros del PP, sin importarles los de los vecinos".
