Con tres días de adelanto con respecto a la fecha oficial, la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra conmemoró ayer el XXXIII aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española. Un acto que será, con toda probabilidad, uno de los últimos que protagonice Delfín Fernández Álvarez como subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, cargo del que será relevado en breve tras la victoria en las elecciones por parte del Partido Popular.

Una ceremonia simple, que contó con la presencia –entre otros– del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; del fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro; y de numerosas autoridades civiles y militares, así como representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El evento sirvió para destacar el papel de la Carta Magna como el pilar sobre el que se sustenta "el periodo de libertad y de convivencia en paz más largo de nuestra historia", recordó el subdelegado. Un texto que define "un marco de valores y derechos en el que pudieron y podemos reconocernos todos los españoles" y sin el que no hubieran sido posibles las "profundas transformaciones experimentadas por nuestro país en estos últimos 33 años".

No obstante, Fernández Álvarez también aludió al carácter "vivo" de un documento que se debe "ir adaptando a las necesidades sociales cambiantes" y por eso defendió la última reforma de la Constitución pactada entre los dos grandes partidos mayoritarios. "A nadie se le escapa que España se encuentra hoy en un momento de especial dificultad" en el que "es preciso asegurar una apremiante recuperación económica basada en elementos sólidos y sostenibles y luchar contra las devastadoras consecuencias económica y sociales que esta crisis tan dura está produciendo a los ciudadanos", dijo Fernández Álvarez. Destacó el subdelegado que es en este contexto en el que se abordó la última reforma del texto constitucional. "Teníamos que garantizar de forma indiscutible el principio de estabilidad presupuestaria vinculado a todas las Administraciones Públicas y reforzar de forma clara el compromiso de España con la Unión Europea. Y nada más convincente para ello que recurrir a un marco incomparable sobre el que reconstruir la confianza: La Constitución de 1978. A partir de esta reforma, gobiernen unos o gobiernen otros, la estabilidad presupuestaria pasa a ser una obligación pública, una obligación constitucional", añadió. Fernández Álvarez aprovechó su intervención para pedir que se siga profundizando en la integración europea como parte de la solución a la crisis.