Tras la declaración que prestó el pasado jueves el abogado Manuel Franco Argibay en el juzgado de Caldas, el juez titular de este órgano judicial destaca en su auto –en el que dicta su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza– que, "sin perjuicio de su ulterior calificación" y "siempre con respeto a la presunción de inocencia" de Franco Argibay, los hechos por los que es investigado y detenido podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales. Una decisión que basa, entre otras cuestiones, en que "constan en la causa motivos bastantes para entender responsable de dichos delitos al acusado Manuel Franco Argibay".

Con estas palabras justifica la prisión provisional para el abogado pontevedrés, así como en el elevado riesgo de fuga, ya que recuerda que la prisión provisional trata de evitar que el acusado "se pueda sustraer de la acción de la Justicia, como realmente ha hecho en el presente supuesto desde el año 2006". Considera que "es muy fundada la presunción de una nueva huida, con lo que la privación preventiva de libertad está justificada".

Una situación de prisión provisional que fuentes del Ministerio Fiscal consideran que se prolongará hasta que se celebre el juicio por el caso Cormorán, probablemente antes de que finalice el año, si "todo va bien".

Desde aquí hasta entonces, Franco Argibay podrá "madurar" entre rejas si acepta o no el acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal a cambio de reconocer su culpabilidad. Un acuerdo que se podría materializar solo en las condiciones que ya le comunicó el fiscal el pasado jueves en el juzgado de Caldas y nunca en los términos demasiados ventajosos que planteaba el imputado. Y es que, al parecer, Franco planteó la posibilidad de un acuerdo rebajando la pena de prisión hasta el punto de que se le abriría la puerta de la libertad condicional y recuperando el patrimonio que permanece intervenido en la "Operación Cormorán". Se trata de inmuebles y fincas intervenidas por valor de 1,1 millones de euros, bienes que habrían sido obtenidos a través de su actividad profesional lícita, pero que se embargan en sustitución del millón de euros que fue depositado en cuentas "offshore" , que no pudo ser localizado y que sí tenía un supuesto origen ilícito. Un comiso que, según el fiscal, incluiría los bienes de Franco Argibay a nombre de su mujer, pese a que resultó absuelta en la "Operación Cormorán", ya que el fiscal considera que ella misma declaró en el juicio que el propietario real era Franco Argibay.

El fiscal encargado del caso, Augusto Santaló, explicaba ayer que el decomiso de los bienes incautados a Franco Argibay es algo "innegociable", pero que está dispuesto a ofrecer las mismas condiciones que al resto de los principales implicados en la red y que fueron juzgados el pasado mes de junio en la Audiencia Provincial. Los principales imputados rechazaron esta propuesta. Argibay también podría decidir jugárselo todo a una carta e ir a juicio sin un acuerdo, pero en su caso, lo hará sabiendo que los principales imputados ya juzgados fueron condenados a penas de 4 años y 8 meses de prisión, multas millonarias (en un caso llegó a los 46 millones de euros) y el comiso de todos los bienes.