Los concejales de Urbanismo de las siete grandes ciudades gallegas pretenden convertirse en un "lobby" de influencia en las normas de ordenación del territorio que dicta la Xunta. Estos ediles (todos ellos del PSOE) se reunieron ayer por vez primera en Pontevedra para analizar en conjunto su ámbito de actuación y lanzaron una primera demanda al Ejecutivo gallego: que se elabore una Lei do Solo para Galicia "estable", que "vaya más allá de las constantes modificaciones que sufre este texto legal".
Así quedó pactado en un encuentro entre la anfitriona Teresa Casal (Pontevedra) y sus compañeros José Manuel Mariño Mendoza (Vigo), María Novo Pena (Lugo), Áurea Soto Vázquez (Ourense), Mercedes Rosón Ferreiro (Santiago) y Ángel Manuel Mato Escalona (Ferrol). La edil de A Coruña, Obdulia Taboadela Álvarez, se incorporó por problemas de agenda, a última hora, pero comparte esta primera iniciativa.
Censo
Aunque Pontevedra fue la primera sede, la idea surgió de las concejalas ourensana y compostelana, con el fin de "poner sobre la mesa los problemas urbanísticos comunes o similares de las siete ciudades" y tratar de lograr que la tutela de la Xunta se suavice o, al menos se aplique forma diferente en estos concellos, que, según ellos mismos recuerdan, aglutinan al 40% de toda la población gallega, acercándose al millón de habitantes, la mitad en Vigo y A Coruña. Los ediles dicen que este censo "crecerá en los próximos años" por lo que apuestan por un "diálogo fluido" con la Xunta y la Fegamp para "construir espacios urbanos de convivencia, sostenibles y compactos", con "independencia de la batalla política o los intereses partidistas".
La Lei do Solo, en proceso de modificación, constituyó el eje del debate urbanístico de ayer, al entender los concejales que estas siete grandes ciudades "tienen mucho que aportar desde la base de la colaboración y la lealtad institucional". Disponer de una normativa "estable" y no sujeta a cambios en función del resultado de unas elecciones es una de las principales demandas.
Al respecto, el acuerdo de ayer establece que "el proceso debe partir de un diagnóstico realista de lo sucedido en estos últimos años y continuar con un debate sosegado y con vocación pacifista, que permita alcanzar un gran acuerdo, imprescindible para garantizar la longevidad de una nueva ley que se convierta en un instrumento efectivo de seguridad jurídica, de simplificación de trámites y de agilización de plazos".
Nueva revisión
La actual Lei do Solo entró en vigor en 2002, pero desde entonces ya se modificó dos veces y el verano pasado, el nuevo gobierno de Alberto Núñez Feijóo anunció una tercera revisión para aumentar las posibilidades de edificación en el medio rural. Se relajarían de este modo las restricciones con el fin de autorizar la construcción de nuevas viviendas en los entornos inmediatos de los núcleos rurales, aunque se mantendrán los impedimentos actuales para evitar que continúe la dispersión con casas levantadas en medio del monte sin comunicación ni conexión a los servicios básicos. Los cambios afectarán a 42 artículos y, entre otros, permitirán rebajar los plazos de tramitación de los informes autonómicos sobre planeamiento urbanístico y delegar a los municipios las competencias para autorizar directamente edificaciones vinculadas a la actividad agrícola o ganadera.
