El gobierno local negó ayer que arrastre una deuda de 2,8 millones de euros con Sogama, como asegura el conselleiro de Medio Ambiente, e insiste en acusar a la compañía de "incumplir el contrato" firmado entre ambas partes en 1997. Primero por no recoger los residuos voluminosos y ahora por "mala facturación" de la basura remitida desde Pontevedra.
Las relaciones entre el concello y Sogama, que nunca fueron fluidas, se han vuelto a enturbiar a raíz de la decisión de la empresa de suspender la recogida de residuos voluminosos por problemas con la Autorización Ambiental Integrada. El gobierno local pontevedrés insiste en que la empresa está obligada a asumir el tratamiento de esos objetos como electrodomésticos y muebles.
Esta protesta fue respondida por el conselleiro Agustín Fernández recordando que Pontevedra debe 2,8 millones de euros por facturas sin pagar. Sin embargo, el gobierno local sostiene que "nosortos pagamos religiosamente todas las facturas", por lo que niega esa deuda, aunque sí reconoce que la facturación que efectúa Sogama y la que realiza por su parte el concello no coinciden.
El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, explicó ayer que el contrato firmado en 1997 entre ambas partes incluye una cláusula de revisión por la cuel el precio del tratamiento se incrementaría cada año en función del IPC, pero se compensaría a la basa si desciende el precio de la energía, como así ocurre desde hace varios años. Pero, según el concello, Sogama sólo aplica los aumentos del IPC, pero no la compensación de la energía. Pontevedra es uno de los pocos concellos que dispone de esta segunda cláusula.
