El acoso de Jácome al interventor se hizo en el “ámbito público, redes sociales y jurídico”

El Juzgado de lo Social Nº1 de Ourense acogió ayer la primera sesión del juicio por acoso laboral del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, al interventor municipal, después de que este pusiese reparos a la política económica, financiera y presupuestaria del regidor ourensano y el regidor le criticase durante los plenos y en sus redes sociales.

El interventor sostiene que sí hubo acoso como recoge en su escrito de alegaciones al expediente de cese que promovió Gonzalo Jácome, después de la fiscalización exhaustiva del funcionario. En ese escrito se recoge que el regidor le dijo adjetivos como “vago”, “negligente”, “intento de bombardear y boicotear los expedientes”, “si pongo verde al interventor y al secretario, se tienen que joder”, “mala fe” en sus actuaciones y competencias, “si hay alguna irregularidad es del interventor y lo vamos a denunciar”, “el interventor cometió un fraude y una ilegalidad”, entre otras cosas. Ayer la defensa del funcionario habilitado nacional sostenía que el acoso se produjo en “el ámbito público, de redes sociales y también jurídico”. Aprecia que “hubo conducta de acoso y hostigamiento de un superior” y que “fue continuado en el tiempo”. La defensa también destacó que el funcionario tuvo que acudir a terapia psicológica después de los hechos y que está sometido a un “estrés elevado” por el hecho de ejercer sus competencias y funciones inherentes al puesto que desempeña.

Por su parte, el regidor ourensano no se presentó a la sesión, pero sí contestó por escrito y los abogados del Concello de Ourense y del regidor arguyeron que “es un conflicto entre cargos públicos” y una “crítica profesional”. También comentaron que el regidor criticaba cómo ejercía sus funciones, es decir, en el ámbito profesional, pero no a la persona y que en todo caso sería “conflicto y no acoso”.

El interventor demanda una indemnización de 150.000 euros y que cese el acoso a su persona.

Este es el segundo caso de acoso laboral que llega al Juzgado de lo Social Nº1 de Ourense, ya que la intendente María Barrera denunció unos hechos por parte de Telmo Ucha y el Concello de Ourense que fueron condenados por la propia sala. En dicha sentencia también se señalaba a la acción del regidor ourensano, aunque sin condenarlo, pero poniendo el foco sobre sus decisiones. Ahora, es él, el que está acusado de acoso laboral, así como el Concello de Ourense, que todavía, después de abrir el protocolo de acoso, no tomó las medidas oportunas como establece el protocolo de acoso municipal.

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