El interventor que denunció a Jácome por acoso pide que deje de insultarlo en las redes

Ayer se celebró en el Juzgado de lo Social número 1, la vista previa al juicio, previsto para el mes de abril, por la doble demanda presentada por Gonzalo Alonso, interventor municipal de Concello de Ourense, contra esta administración local y contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome por acoso, y en el que la parte demandante presentó dos diligencias previas con intención de que la situación de acoso y supuesto “descrédito” público contra él, no persista en el tiempo. Reclama a Concello y alcalde una indemnización de 150.000 euros.

Una de las dos demandas presentadas por el interventor es contra el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome por acoso, tras haber tildado de forma reiterada este funcionario de “vago” de hacerle “guerra jurídica” o intentar “gobernar el Concello” con informes, en especial de tipo económico, cuyos reparos no son del gusto del regidor. t

La otra demanda principal del interventor es la que presentó contra el Concello de Ourense por “infracción de prevención de riesgos laborales, al haber un acoso y no solucionarse” activando el protocolo.

El demandante presentó ayer sus tres medidas cautelares, “para tratar de que cesen estas conductas de descrédito y acoso hasta la próxima celebración del juicio” explica Javier David Rivero, letrado del interventor .

Además explica que el demandante solo desistió de unas de las tres medidas cautelares iniciales, en concreto la que pedía la suspensión, por parte del Concello del expediente de cese de este funcionaro. El demandante entiende que l entender que ya no ha lugar, a la vista del escrito remitido al alcalde de Ourense, por la directora general de Estabilidad Presupeuestaria y Gestión Financiera Territorial, departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que en respuesta al informe que le había solicitado el regidor para justificar el cese, le explica que no puede cesar a un funcionario que ganó la plaza por concuso público.

La defensa del Concello que no ha querido pronunciarse hasta que el juez dicte el auto previo al juicio, afirma que ese escrito de Hacienda “no es vinculante”.

Las otras dos medidas cautelares que ratificó ayer el representante legal del demandante y de las que este no desiste, son “ordenar a los demandados el cese de la difusión mediática de las vicisitudes del expediente de cese del interventor municipal”. La otra medida cautelar “ordenar a los demandados el cese en la desacreditación profesional y personal respecto a los informes actuaciones y prestaciones de servicio del interventor municipal del Concello de Ourense”.

Suscríbete para seguir leyendo