Decenas de juicios suspendidos y meses de retraso tras sesenta días de huelga de la abogacía de oficio

Más de 300 abogados en ejercicio en la provincia de Ourense participan en el turno de oficio, el servicio que asiste a la justicia gratuita, garantizando el derecho de defensa y a la tutela efectiva ante los tribunales de cualquier ciudadano, aunque no tenga recursos o sus ingresos no sean suficientes. Más de 4.000 ourensanos ven reconocido ese derecho cada año.

Desde el 21 de noviembre, el colectivo está en huelga a nivel nacional, convocada por el sindicato profesional Venia, con el fin de lograr unas mejores retribuciones, el pago de todas las actuaciones que llevan a cabo, una conquista real de la conciliación, con un cambio de su situación laboral que incluya cotizaciones a la Seguridad Social por su trabajo para la administración de justicia.

En la provincia, los abogados se están encontrando con la comprensión y el apoyo de los fiscales y los jueces, que por regla general aceptan las peticiones de suspensión para que los profesionales puedan ejercer la huelga. La plataforma ‘Marea Negra’, que lleva las riendas de esta protesta en Ourense –el Colexio da Avogacía no la apoya porque no comparte varias de las pretensiones–, no tiene una cifra concreta de actuaciones judiciales aplazadas, pero en dos meses han sido varias decenas de juicios, además de declaraciones y otro tipo de actuaciones. Solo en el juzgado de lo Penal Número 2, el impacto de la movilización ha alcanzado el medio centenar de juicios aplazados por el momento.

“Se está consiguiendo un apoyo bastante unánime de la judicatura; se está respetando el derecho a la huelga de abogados y procuradores”

“En la provincia de Ourense, casi todo lo que se solicita se está suspendiendo, en Penal 1 y 2 podemos hablar de un 90% de suspensiones. Cuando no se acepta, se debe a criterios sobre si se tratan o no de servicios esenciales o afecta a un derecho fundamental”, explica Aline Castro, portavoz y coordinadora de la huelga de oficio en Ourense. “Se está consiguiendo un apoyo bastante unánime de la judicatura; se está respetando el derecho a la huelga de abogados y procuradores”, valora.

En los procedimientos en los que interviene un procurador o letrado de oficio que quiere secundar la huelga, se pide el aplazamiento si los asuntos no estén considerados como esenciales, que se desarrollan con normalidad. Estos casos inaplazables son las comparecencias de detenidos, las actuaciones con menores, víctimas de violencia machista o personas con una discapacidad, así como las causas con preso o en las que hay medidas cautelares.

Aplazar un juicio supone retrasar varias semanas o meses la resolución de un procedimiento. También causa perjuicios a las personas que acuden a la sesión que ha sido programada y que se desplazan en vano, porque finalmente el acto se suspende. “En el ámbito penal, prácticamente a ningún justiciable le perjudica que se retrase su causa, sino todo lo contrario, porque normalmente los abogados de oficio defienden a los acusados y no a los perjudicados”, apunta Castro.

“Que unos tras otros estemos convocando huelgas para defender nuestros derechos demuestra el grado de desastre en la justicia. Lo siento, tenemos que molestar, tenemos que causar problemas”

“Entendemos que puede haber molestias para alguien a quien se convoca a testificar, acude ese día y se suspende. A nosotros nos lleva pasando toda la vida, por ejemplo con un testigo que ha sido citado por el juzgado, nos convocan igual y la vista no se celebra. Llevamos huelgas encadenadas de todos los funcionarios de justicia y las hemos respetado. Lo siento, ahora nos toca a nosotros”, expone la portavoz del colectivo.

“Que unos tras otros estemos convocando huelgas para defender nuestros derechos demuestra el grado de desastre en la justicia. Lo siento, tenemos que molestar, tenemos que causar problemas”, reitera esta abogada.

“En el día a día la participación es elevada. Tenemos un chat de unos 200 compañeros y el seguimiento es alto. La gente está concienciada del derecho de huelga y lo está interiorizando”

La de los profesionales del turno de oficio es la tercera huelga desde 2023 que ha causado impacto en la justicia, tras la de los letrados de la administración –la que más se ha notado, cuyos efectos aún se perciben– y la de los funcionarios, que fue poco significativa en Galicia.

“Es el momento de apretar, es un momento histórico”, animaba a través del megáfono a sus compañeros Marta Gómez, otra letrada de las más activas en la huelga. Este viernes, medio centenar de profesionales de la abogacía y la procuraduría participaron en una nueva protesta ante el edificio judicial de Ourense. La cifra es inferior a otras movilizaciones. Gómez emplazó a que la participación en este tipo de actos aumente.

“Es viernes, es un día malísimo, mucha gente no tiene que venir, claro que nos gustaría que la representación fuese más masiva pero ha sido interesante”, afirma Aline Castro. “En el día a día la participación es elevada. Tenemos un chat de unos 200 compañeros y el seguimiento es alto. La gente está concienciada del derecho de huelga y lo está interiorizando”.

La remuneración de un registro, dure una hora o todo el día, es de 20 euros. Por la defensa legal en una causa que no llega a juicio, aunque ocupe años de trabajo a los abogados, no cobra nada. En las causas que no se archivan, la remuneración apenas supera los 200 euros. Son algunos ejemplos de las carencias económicas que el colectivo denuncia y que insta a subsanar al Gobierno de España.