La causa judicial del 10%, por presuntas malversación y prevaricación en el ámbito urbanístico entre los años 1997 y 2003, enfrenta a los dos acusados, el exalcalde de Ourense Manuel Cabezas (PP) y el exconcejal de Urbanismo Ricardo Campo Labrador, a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 7 años de prisión, largas inhabilitaciones y al pago individual de 1,58 y 1,19 millones de euros. El ministerio público los acusa de “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados” por no reclamar, para fin público, el aprovechamiento de al menos el 10% de las cesiones urbanística de 15 promociones privadas. Ellos afirman que siempre actuaron con informes a favor, que las decisiones se adoptaron en órganos colegiados y que existía un acuerdo casi unánime del pleno a favor de no reclamar dichos aprovechamientos. La Audiencia Provincial celebrará el juicio. El exalcalde Cabezas ha recusado a los tres miembros de la sala designados por turno, los magistrados Ana del Carmen Blanco, Manuel Cid Manzano y Amparo Lomo.
La recusación del abogado del exalcalde se basa en que los tres jueces participaron, durante la fase de instrucción, en la resolución de varios recursos de apelación sobre el fondo de este procedimiento. Dictaron cuatro autos. La fiscal, Carmen Eiró, se opone a la recusación. Los magistrados se pronunciaron sobre “aspectos procesales y periféricos”, limitándose a constatar la corrección de las resoluciones de instrucción, “sin entrar a valorar el fondo”. La fiscal descarta “contaminación o parcialidad” de la sala, máxime cuando en Ourense solo hay una sección penal en la Audiencia, con 5 magistrados en total para resolver apelaciones y enjuiciar.
