Acusación directa y con referencia a una gestión del pasado. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, culpa al último gobierno del Partido Popular de que el Concello de Ourense tenga de indemnizar a la empresa Proavia con algo más de 2,5 millones de euros por incumplimiento de un convenio firmado en enero de 2003 y que, en su sentencia, el juzgado de lo Contenciso-administrativo considera como un contrato "generador de obligaciones", después del acuerdo extrajudicial que alcanzaron las partes -Concello y empresa- en el juicio.

En relación a este acuerdo para fijar la cuantía económica de la indemnización, Soto evitó pronunciarse, sobre todo después de que en un informe de fiscalización, la Intervención municipal calificase de "actuación improcedente" la que llevó a cabo la asistencia técnica contratada por el Concello -en alusión a la del abogado de A Coruña, Carlos Hernández-, dado que de los fundamentos de la sentencia, se deduce la práctica de una transacción extrajudicial proscrita en el ámbito de las administraciones públicas de no existir una autorización previa", la cual no aparece en el expediente.

El interventor revela en su informe que "no se tiene constancia" de la existencia de acuerdo administrativo alguno, por el cual se le autorizce al representante del Concello -en este caso el letrado Carlos Hernández- a pactar una indemnización a su cargo, por un "importe tan elevado", como son los 2.528.812,64 euros.

Pero la responsable del área de Urbanismo, durante su comparecencia de ayer, quiso dejar claro que esta es una "nueva herencia de los gobiernos municipales del PP", pues el pago de la indemnización a la empresa se debe al "incumplir", el Concello un convenio urbanístico, en el que se establecía que a cambio de la cesión de un terreno propiedad de Proavia, se debía "dar a la empresa, el 10% de aprovechamiento urbanístico que le correspondería a la Administración".

También subrayó Soto que en la sentencia condenatoria y firme desde octubre de 2013, se señala que el Concello no cumplió con su obligación inicialmente, relacionadas con los términos del convenio urbanístico firmado, "ni lo va poder hacer ahora", en alusión a la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Ante esta situación, la empresa opta por resolver "el contrato y pedir la indemnización sustitutoria pues no es posible restituirle la parcela que cedió

En cuanto a la sentencia, firme y condenatoria después del acuerdo al que se llegó en el propio juicio, la edil de Urbanismo explicó que "la podíamos recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y de esa forma intentar reducir la cuantía -los más de 2,5 millones- , pero optamos -en Junta de Gobierno Local- por no hacerlo porque, entre otros motivos, Proavia tiene en el registro de la propiedad la mitad de la parcela por un valor de 1,6 millones de euros",, por lo que recurrir al alto tribunal gallego "nos arriesgábamos a tener que pagar más de 3 millones de euros", que solicitaba inicialmente en su reclamación la empresa.

Además, Áurea Soto criticó que el PP "insista en los plenos en criticar esta decisión" por lo que no descartar que pueda terminar impuntándola "hasta por la anulación del Plan Xeral de Urbanismo de 2003, herencia del PP que hay que coser cada día".