El gobierno asegura que la UTE endeudada con la Seguridad Social estaba al corriente de pago
Al alimón, Áurea Soto y José Ángel Vázquez Barquero se lanzaron ayer a la defensa del servicio municipal de ayuda a domicilio y de la propia concejala imputada, Marga Martín. Soto, muy beligerante cargando las tintas contra la oposición y el rol de los medios, y Barquero, el portavoz oficioso del grupo municipal socialista, negaron la existencia de una deuda millonaria con la Seguridad Social de la anterior adjudicataria de ayuda a domicilio investigada por el juez.
En diciembre de 2011, solo unos días antes de que el gobierno municipal entonces bipartito renovara la adjudicación tras un año de prestación del servicio en precario, la UTE investigada tenía una deuda con la Seguridad Social de 329.157 euros. Pasado un año del servicio en vigor, la sociedad del gerente único de la anterior y actual contrata adeudaba ya el doble: 823.556 euros, según certificó la Tesorería General de la Seguridad Social, y consta en una querella entre los dos exsocios, ahora enfrentados, que también está en sede judicial. "Cuando se adjudica un servicio, los técnicos de la mesa de contratación miran que esté al corriente de pago, así informaron los técnicos municipales", aseguró la edil Áurea Soto.
Barquero, por su parte, resolvió la cuestión afirmando que "la obligatoriedad se muestra mediante un certificado en el momento de resolver el concurso. Los técnicos municipales supervisan y ven que es correcta esa documentación. Si al final ese concurso se consuma es porque los pagos están bien".
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