Las consecuencias de la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense, aprobado en 2003, por el Tribunal Supremo, que llevó consigo la entrada en vigor del Plan de Urbanismo de 1986, afectará a uno de los pilares tributarios que tiene el Concello de Ourense, como es el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en los próximos ejercicios,y según los datos que aportó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Agustín Fernández, el Concello dejará de ingresar en torno al millón de euros.

La revisión excepcional que llevó a cabo la Dirección General del Catastro, organismo competente después de la anulación del PXOM de 2003, y que repercutirá en el descenso de ingresos de los próximos ejercicios, a partir de 2012, constata que en principio son unos 6.800 los inmuebles afectados. Fernández anunció que de inmediato se comenzarán a realizar las comunicaciones correspondientes a los titulares de los inmuebles afectados.

El número de recibos que se emiten en el IBI es de 128.685, con los que el Concello de Ourense esperaba recaudar 25 millones de euros, por lo que los anulados son el 5,28 por ciento. La media que se paga por recibo por este tributo municipal es de 203 euros, aunque Fernández explicó que los anulados deben corresponder a zonas cuyo importe puede ser muy inferior.

Pero la revisión catastral, que tiene carácter excepcional por la anulación del PXOM, ya que la general se hace cada 10 años, también al suelo, ya que algunos pasan de ser urbanos, como así se contemplaba en 2003 a rústicos, al entrar en vigor el plan de 1986, con lo que quedan excluidos de tributación.

Otro de los efectos negativos que tendrá para el Concello, en lo que se refiere a las previsiones de ingresos, es que otros suelos del municipio pueden ver reducida su edificabilidad y, por lo tanto, su valor catastral se verá alterado, con lo que eso supone, y citó como ejemplo más revelador lo que sucede con aquellos espacios donde estaba previsto construir torres de 14 alturas.

Recibos anulados

Lo que también señaló Agustín Fernández es que los efectos catastrales se producirán a partir de 2012, ya que el planeamiento anulado por sentencia del Tribunal Supremo el pasado 9 de marzo "desplegó plenamente" su eficacia mientras estuvo en vigor. Y recalcó que los recibos que se anulen o modifiquen afectarán al censo catastral del próximo año.

Además de aseverar que se trata de tributos que "no se van a recuperar, con lo que eso supone", Fernández alertó sobre otros costes que deberá asumir el Concello ante las más que probables reclamaciones que se van a producir por particulares relacionadas con la anulación del planeamiento urbanístico, y que dijo estarán ligadas directamente al "lucro cesante" y los daños ocasionados a los titulares de suelos que habían cambiado de calificación y se habían convertido en urbanizables.

Una cuestión sobre la que en estos momento resulta difícil hacer una estimación, es sobre las reclamaciones que se puedan hacer al Concello, aunque el concejal de Economía espera que no tengan carácter retroactivo, un asunto que tiene todos los condicionantes para sustanciarse en la vía judicial, en la que se determinarán las cuantías económicas.

Responsabilidades

De los "graves perjuicios" que causa al Concello de Ourense la anulación del PXOM de 2003, Agustín Fernández responsabiliza directamente al Partido Popular: "Está claro que es el responsable", ya que fue cuando gobernaban, con mayoría, los que tramitaron y aprobaron, en solitario, con la abstención de los socialistas y el voto en contra del BNG, provisionalmente en mencionado plan de ordenación urbanística del municipio.

También responsabiliza de esta situación al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya que la aprobación definitiva de ese plan se produjo "cuando era conselleiro de Política Territorial. Una situación que llevó consigo a que el actual gobierno municipal "tiene que hacer frente a las consecuencias de las actuaciones incompetentes de otros".

Una alusión directa a los que aprobaron el PXOM en 2003, los 14 concejales del gobierno del Partido Popular, "con graves irregularidades que no resistieron los embates de los recursos interpuestos contra el mismo", por lo que considera que deben asumir las responsabilidades.