Luz sobre el agujero negro de Audasa

En nuestro casi medio siglo de democracia hemos asistido a no pocos asuntos de difícil, casi imposible, comprensión. Todavía hoy son un gran misterio. Y esto es así porque generalmente sus protagonistas, y con frecuencia hasta las víctimas, no han querido explicar el cómo ni el porqué. Se han limitado a refugiarse en el silencio o en argumentaciones pedestres que no han hecho más que alimentar la opacidad y la sospecha. Alguien pensará que aludimos a la información de sucesos, ya saben, crímenes sin resolver. Pero no siempre es así. Vean si no el agujero negro de la AP-9.

Nuestros lectores saben el tiempo y espacio que le hemos dedicado a la autopista gallega. Y también que nuestra posición es firme: consideramos inaceptable que la única vía de alta capacidad que vertebra la Galicia atlántica –desde Ferrol hasta Vigo y la frontera con Portugal– sea de pago. Que ese vial, sin alternativa en condiciones dignas, sea uno de los más caros de España, convierten la situación en insultante.

Todo esto, unido a otros factores, permiten a la concesionaria Audasa obtener año tras año y pase lo que pase pingües beneficios. En 2023, sin ir más lejos, fueron 82,5. Es el privilegio del monopolio. Sin competencia posible, el negocio de la AP-9 consiste en ver pasar vehículos y llenar la cartera. Asistimos a una versión del dolce far niente sobre ruedas.

Este formidable negocio se ha visto favorecido por decisiones de los gobiernos del PP y del PSOE relativas a la prórroga de la concesión, al pago de compensaciones por liberar el abono de peajes o a la indemnización por obras. En estos momentos un 25% de los ingresos de Itínere, dueña de Audasa, procede de las arcas públicas. Esta situación idílica –para la empresa– y diabólica –para los conductores y el Estado– se prolongará hasta 2049.

Sin embargo, a esta máquina de ganar millones le ha surgido un obstáculo: la Comisión Europea. Bruselas ha decidido investigar a petición de un animoso colectivo de usuarios gallegos si la prórroga se hizo respetando la normativa europea. El Gobierno le ha enviado documentación para acreditarlo, pero de momento lo remitido, lejos de arrojar luz, no ha hecho más que acrecentar las sospechas del proceso: sin publicidad, sin concurrencia y desigual trato a los posibles interesados. La Comisión Europea, con una paciencia jobiana, le ha dicho a España que sus sospechas permanecen intactas.

Es más, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, está convencido de que la prórroga –decidida por José María Aznar en el año 2000– tenía un único propósito: encarecer el valor de la autopista, haciéndola más atractiva, para entregarla a manos privadas. Esto explicaría que se hiciese de una forma “extremadamente prematura”. Recordemos que en el año 2000 todavía quedaban 23 años para el fin de la concesión.

Todo esto para la Comisión Europea, como en el drama hamletiano, huele a podrido. Una prórroga autorizada con nocturnidad, premura, alevosía, sin concurso público y dirigida a unos postores concretos… Si esto no es una flagrante ilegalidad, se le parece mucho.

Si finalmente se demuestra que fue así, España estará en un buen brete. Porque el problema será del Estado y no de Audasa, que ya ha calculado que en caso de rescate deberían ponerle sobre la mesa un cheque de más de mil millones. Y es que, aunque la concesionaria nunca haya fijado un precio por su “indemnización”, sí ha dejado claro que debería superar el importe de la deuda. Y como todo su beneficio lo destina a la matriz y no amortiza pasivo, la deuda no deja de medrar.

La situación es tan endemoniada que en el caso de que Audasa conservase la concesión hasta 2049, al finalizar debería cobrar también más de mil millones como saldo de compensación. En 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, Gobierno y Audasa suscribieron un convenio por el que se le encomendaban a la compañía las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. Se firmó en plena recesión y con una sustanciosa contrapartida: no solo se le devolvería el importe de las obras, sino que se creaba una cuenta a pagar a Audasa que revaloriza al 8% anual, así como un 1% extra de subida de peajes durante veinte años desde la finalización de las obras. Los usuarios conocen bien que el puente se reabrió con obreros en plena faena, pero el contador empezó a sumar. El porqué de esa revalorización nunca fue aclarado. Aquel convenio volvió a mejorarse en 2013 (con el PP otra vez en el ministerio), engordando el saldo de compensación que asciende ya a 350 millones y rematará en 1.100 millones a fin del contrato, como reconoce el ministerio.

"Portugal, en una inusitada alianza entre socialistas y ultraderecha, nos acaba de enseñar que otra política es posible. Se eliminará el peaje de la autovía A-28 porque es injusto y castiga a sus ciudadanos. Así de sencillo"

En este contexto, recordemos que el candidato del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, prometió que si era elegido presidente de la Xunta conseguiría la gratuidad de la AP-9. Es de suponer que esa promesa estaba pactada con el presidente Pedro Sánchez y su locuaz ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, tras el escrutinio del 18 de febrero, no se ha vuelto a saber nada de ese compromiso. Si había un plan –que tendría que haberlo porque sería impensable que fuese un burdo ardid electoral–, los gallegos tenemos derecho no solo a conocerlo, sino a que se ponga en práctica.

El tiempo pasa y los presidentes, también –Aznar, Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez–, pero nada cambia. Resulta sospechoso que nadie haya querido buscar una solución definitiva, incluso cuando se la han puesto encima de la mesa, ¿verdad Isabel Pardo de Vera?; y decepciona que todos hayan apostado por la patada a seguir.

Portugal, en una inusitada alianza entre socialistas y ultraderecha, nos acaba de enseñar que otra política es posible. En el país vecino se eliminará el peaje de la autovía A-28 porque es injusto y castiga a sus ciudadanos. Así de sencillo.

Mientras, aquí seguimos enredados en un embrollo difícil de aceptar: los beneficios de Audasa crecerán año tras año a costa de los conductores o de las arcas del Estado. Eso si mantiene la concesión, porque si la pierde por la intervención bruselense, la empresa podría llevarse de una tacada más de mil millones. Si hay un negocio perfecto, sin duda el de la AP-9 es uno de ellos. Un insondable agujero negro, oscuro como el carbón y brillante como el oro.