La economía española, más luces que sombras

Cuando Jan Tinbergen recibió el primer premio Nobel de Economía en 1969, se consolidó como uno de los padres del conocimiento y diseño de la política económica. En su enfoque, señalaba que la consecución de los objetivos de la política económica exige definir correctamente los instrumentos para alcanzarlos. Solo abordando la relación entre instrumentos y objetivos se puede comprender la efectividad de las medidas económicas puestas en marcha por cualquier gobierno.

Cuando las encuestas apuntan que la situación económica y el empleo continúan siendo las principales preocupaciones de la ciudadanía española, llama la atención que el debate sobre la política económica en España se encuentre relegado en la agenda pública. ¿Será porque las medidas desplegadas en los últimos años han permitido sortear adecuadamente escenarios de enorme complejidad logrando resultados razonables?

Lo cierto es que, en un contexto de polarización política sin tregua, la oposición al Gobierno español evita el debate económico y se centra en un marco alternativo a las principales preocupaciones de la gente. Podría parecer curioso, pero realmente es pura estrategia política. Después de haber fracasado estrepitosamente en sus pronósticos de recesión y subida del desempleo, la derecha española carece y renuncia a una propuesta de política económica sólida que intente mejorar el bienestar ciudadano y el performance empresarial. Ya no intentan presentarse como los grandes gestores que decían ser y no son.

Frente a esos agoreros de la catástrofe, la economía española ha evolucionado razonablemente bien en circunstancias adversas. Si comparamos el crecimiento económico español actual con el de los países de nuestro entorno, los datos así lo acreditan. De hecho, se estima que en 2024 la economía española, con la pujanza de las exportaciones y del sector servicios, crecerá en torno al 2%, muy por encima del 0,75% que se prevé para la zona euro.

Además, el crecimiento ha impulsado la creación de empleo. Paralelamente a la aplicación de la reforma laboral y a ganancias en competitividad se han alcanzado los 20.700.000 cotizantes en España, medio millón más que el año pasado. A la vez, la estabilidad laboral ha mejorado sustancialmente, pero siguen existiendo muchas trabajadoras a tiempo parcial y bolsas de parados de larga duración que no podemos obviar. Y aunque es cierto que España sigue liderando la tasa de desempleo juvenil en la UE, datos recientes recogen que tenemos el menor número de jóvenes sin empleo en España de cualquier mes de febrero desde que hay registros.

En todo caso, la mayor preocupación económica ha venido por el regreso de la inflación, que se ha ido conteniendo, pero que sigue en tasas aún elevadas. Con el último dato disponible, la inflación bajó en España hasta el 2,8% mientras la subyacente se redujo hasta el 3,5%, situándose en el nivel más bajo de casi los dos últimos años. Debemos tener en cuenta que el crecimiento de los precios, además de conllevar una subida de los tipos de interés por parte del BCE, amenaza el poder adquisitivo de la ciudadanía. Es por ello que fue prioritario subir el salario mínimo interprofesional y actualizar las pensiones, pero a la vez cabe seguir tomando medidas para favorecer la capacidad de las familias para llegar a fin de mes. Compatibilizar una política de crecimiento con las de bienestar ha sido también parte del acierto del gobierno, consciente de la importancia de proteger a las personas frente a la exclusión social. Y de su importancia sabe también la derecha, aunque no lo reconozca. Porque, como dijo John F. Kennedy, “si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos pobres, no puede salvar a los pocos ricos”.

*Doctor en Economía y en Ciencia Política y ex secretario xeral del PSdeG