Una respuesta integral para capear la tormenta del sector pesquero

La industria gallega de elaborados de productos del mar ha ejecutado inversiones por importe de al menos 275 millones en los últimos cinco años con el objetivo último de mejorar su rentabilidad y allanar el camino hacia la viabilidad a largo plazo. No hubo proyectos faraónicos –inéditos desde los últimos tiempos de Manuel Fernández de Sousa en Pescanova SA, que fue capaz de repartir 830 millones en préstamos solo entre 2007 y 2013–, sino actuaciones basadas en una mayor presencia en origen, la valorización de la materia prima, el ahorro energético o la verticalización de procesos.

Y fueron iniciativas que han redundado principalmente en el tejido económico gallego, con factorías y frigoríficos construidos en el área de Vigo y Arousa o buques ensamblados en el naval de Beiramar. El efecto: la creación de empleo. De modo que el sector continúa preservando y demostrando su anclaje a los principios que lo vieron nacer hace más de un siglo al abrigo del puerto de O Berbés. Ninguna compañía de relevancia ha retirado de Galicia su centro de decisión, así que todo el ecosistema pesquero ha contribuido al empuje de la economía.

Este es un elemento capital, sustentado en el carácter familiar del grueso del modelo, concepto que tiene múltiples ventajas, pero también riesgos. La asunción de proyectos de crecimiento en solitario implica una digestión financiera también en solitario, con negociaciones unidireccionales con las entidades bancarias. En momentos como el actual, con el denodado esfuerzo de los bancos centrales por atajar la inflación a cualquier coste, el encarecimiento de esos créditos ha puesto en aprietos a un grupo no tan numeroso como estratégico de la industria pesquera. Así que aquí, en el descenso del consumo de pescado, la subida de costes operativos y la volatilidad en las capturas en caladeros de máxima relevancia radica el problema que FARO ha venido analizando a lo largo del último mes. Con la responsabilidad de tener que contarlo, pero también de perimetrar una crisis que no debe manchar la reputación de todo un sector.

“El efecto de la inflación está produciendo un peaje que no ha sido atendido por las mismas administraciones que siempre califican de estratégica a la pesca. No por poco sorprendente resulta irritante”

Es cierto que se han producido gestiones erróneas en estrategias de abastecimiento de materia prima –consume mucho capital circulante– o peligrosos manejos poco convencionales en cuanto a financiación. Si han sido delictivos habrá de ser la Justicia la que lo determine, pero con la diligencia y celeridad que requieren una industria generalmente conformada por pymes que no pueden esperar meses por el desbloqueo de facturas de 70.000 o 125.000 euros. A los gestores de las grandes empresas ha de reclamársele por ello una responsabilidad para con sus proveedores de bienes y servicios, porque sus éxitos pertenecen de igual modo a los más pequeños de la cadena. Ignorar que sus tensiones de tesorería trascienden a todo un ecosistema empresarial, como si fuera un reino de taifas, no es una opción.

El efecto de la inflación está produciendo un peaje que no ha sido atendido, por otra parte, por las mismas administraciones que siempre califican de estratégica a la pesca. Aquellas grandilocuencias expresadas durante la pandemia, cuando como sector estratégico no paró un solo momento para garantizar el suministro de alimentos, se han olvidado en Madrid y Bruselas. No por poco sorprendente resulta irritante. Nadie ha explicado todavía por qué los productos con base de proteína marina se quedaron fuera de la rebaja del IVA, sí aplicada a la pasta, las verduras o los aceites. Los argumentos fueron de lo peregrino a la falsedad. Primero, cuando el Gobierno argumentó que la rebaja tendría un coste inasumible –la reducción fiscal aplicada a otros tipos de alimentos costó en el primer semestre 626 millones de euros– y superior, en todo caso, a los beneficios potenciales. Segundo, cuando atribuyó su negativa a la Comisión Europea. “De acuerdo al nuevo sistema de tasas de IVA, vigente desde abril de 2022, los Estados miembros tienen la opción de aplicar una exención total a los productos alimenticios, incluidos los productos pesqueros”, respondió a este periódico el propio comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius.

Incluso si, como parece, no se prorroga la rebaja del IVA a partir de diciembre, España puede y debería incentivar el consumo de pescado con medidas de índole fiscal. Por ejemplo, gravando estos productos con un IVA superreducido. Puede buscar el Ejecutivo otros casos, si su temor es ser precursor en alguna medida a nivel comunitario: Portugal, Francia (de manera transitoria), Hungría, Irlanda o Luxemburgo ya lo han hecho sin provocar una hecatombe en sus cuentas públicas. También puede promover el consumo con campañas publicitarias, como hizo con éxito el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) de los pezqueñines, no gracias. Que Madrid esté lejos de las costas no puede privar a la pesca de tener las mismas oportunidades de promoción que las –con merecimiento– se aplican a otras actividades.

Ha de hacer la propia industria, por último, un claro y serio ejercicio de análisis interno. Más allá de pronunciamientos lanzados por la patronal Cepesca, la europea Europêche o la federación de pescaderías Fedepesca, no ha habido ninguna acción colectiva para reivindicar la justa atención de las administraciones a sus reclamos. Que políticas como las del mencionado Sinkevicius, que descartó de plano una investigación sobre la conocida depredación de la flota china, no haya espoleado una unión real del sector –la única fotografía del sector en su conjunto contra el veto a la pesca de aguas profundas es la que organizó FARO en junio de 2022– es para hacérselo mirar. Y, si ignora los beneficios del asociacionismo o de hacer lobby, es mejor que aprenda. Por su bien y el de todos.