Los “puferos”

A pocas horas ya de despedir un año realmente nefasto, más en lo político si cabe que en lo económico, quizá sea buena ocasión para un par de observaciones. Críticas, desde luego, porque aquí y ahora no existe causa ni siquiera probable para festejar algo más que el adiós a 2022, pero al menos en opinión de quien la expone se refiere a asuntos que de verdad interesan a la gente del común de Galicia, que incluye a una muy elevada proporción de trabajadores autónomos. Esos que los sindicatos durmientes confunden con “empresarios”, como si fuesen Juan March, y la ministra Díaz olvida –o ignora– en sus maquillajes supuestamente “revolucionarios”, que es como su séquito suele definirlos.

Una de esas observaciones, acaso la más próxima a la calle, se refiere a la noticia de FARO DE VIGO que da cuenta de que un alto porcentaje de concellos tarda en pagar sus facturas. Alegan que es por el encarecimiento de los productos y, en general, a causa de la inflación, que es un argumento parecido al de millones de ciudadanos de a pie. Pero con una diferencia: los municipios “puferos” –sobre todo con sus abastecedores– parecen disponer de una patente de corso, sin firmar por alguna autoridad competente, lo que les convertiría en piratas –que no corsarios– si se tratase de apoderarse de riquezas ajenas. Cierto que sería necesario que la cosa se produjera en el mar, pero como es un símil, puede servir.

Un servicio útil si se acepta que la parte mollar del asunto se parece a lo otro porque el retraso en los pagos supone muy serios perjuicios en su patrimonio o sus obligaciones para con terceros, detalle que equivale a apropiarse de bienes ajenos. Y, además, incumpliendo la normativa vigente, que establece un plazo para abonar lo que se deba, plazo imposible de retocar para los contribuyentes pero que, por lo visto admite excepciones en las arcas locales. Así, y antes de los gestos, conviene matizar que la opinión que precede no se orienta ni contra los municipios en general ni contra sus organizaciones, aunque algunas de las decisiones que toman parecen como mínimo gremialistas.

Además, otras exhalan un tufillo irritante de arrogancia: sólo se pretende recordar que si un habitante cualquiera de uno de los deudores se retrasa en sus pagos al consistorio, la multa y/o sanción que le cae no sólo no tiene bonus, sino, seguro, un recargo. Y aunque es cierta la queja municipal, generalizada, de que cubren servicios y asuntos que de iure no les competen y no reciben a cambio un céntimo de otras administraciones, eso no quiere decir que al final del camino tributario quienes abonan a tocateja –porque no les queda más remedio– son siempre los vecinos. Y una segunda observación: cuando, además de la ingente deuda pública, España tenga que pagar los intereses de la mitad de los Fondos Europeos y atender al déficit, habrá de poner orden en las cuentas.

Y en las administraciones, por supuesto: algo que no podrá hacerse sin acuerdos. Sobre todo, sin uno concreto, el Pacto Local, en el que se incorporen no sólo las cuestiones de los municipios, las Autonomías y al Estado en lo que a servicios y costes se refiere, sino una reforma de la organización territorial para ahorrar costes eliminando las diputaciones y fusionando ayuntamientos que resultan, por vaciados, financieramente imposibles de sostener. Y para eso se precisa también una reforma en cierto sentido “mental”, para que la población se adapte a lo que aparenta ahora mismo inevitable. Cierto que a día de hoy, un acuerdo de esas características es imposible, no tanto por complicado, que lo es en este país, sino porque nadie –salvo quienes le hacen chantaje con sus votos en las Cortes Generales– puede fiarse de que el actual presidente del Gobierno cumpla con lo que dice.