Por segunda vez los jueces demandan justicia para sí mismos. En noviembre de 2014, la asociación Jueces para la Democracia formuló ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional demanda de conflicto colectivo contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia en la que pedía la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. No fue necesario que el proceso siguiese adelante; tres meses después de presentada la demanda, Ministerio y Consejo se apresuraron a elaborar el plan. Y toda vez q ue en él se contemplaba como riesgo psicosocial propio de la Carrera Judicial el que pudiera derivarse de una excesiva carga de trabajo -se trata del riesgo más importante en el desempeño de la función judicial-, consciente de que era preciso adoptar medidas de prevención y protección, el CGPJ asumió la obligación de llevar a cabo los trabajos precisos de medición de cargas máximas.
Pasa el tiempo y el CGPJ se llama a andana y no cumple lo prometido. Ante esta pasividad, Jueces para la Democracia, convencida de que solo a golpe de reclamaciones ante los tribunales conseguirá que Consejo y Ministerio despierten de su letargo, vuelve a presentar demanda de conflicto colectivo, esta vez para que, de una vez por todas, se fijen las cargas de trabajo.
El concepto de "carga de trabajo" no comprende solo el volumen material de trabajo que soporta un tribunal, sino también lo que se denomina "carga psicosocial", es decir, el esfuerzo intelectual y mental que el trabajo judicial comporta.
Por una encuesta reciente, realizada a instancia del propio CGPJ entre jueces y magistrados, sabemos que un 70% de los encuestados considera que la carga de trabajo es excesiva. Pero no se trata de una apreciación subjetiva o victimista. Un informe del propio CGPJ nos dice que el 43,53% de los órganos Judiciales superan el 150 % de la carga de trabajo razonable; y un 32% se encuentra entre el 100% y el 150%. En muchos de los Juzgados de lo Social, por ejemplo, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el Presidente del CGPJ ha calificado de "inasumible" esta carga de trabajo; como medidas paliativas ha propuesto la creación de nuevos órganos judiciales y la modernización tecnológica. En cuanto a la primera, el propio CGPJ, en el Pleno del 25 de febrero pasado, aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que estimó "ineludible e inaplazable" el aumento de la planta judicial.
Es preciso analizar las consecuencias que de tales excesos puedan derivarse para la salud de los jueces. Importa destacar que no está en juego solo su salud personal, sino la de la propia Administración de Justicia, en la medida en que su calidad se verá afectada tanto por la sobrecarga de trabajo en sí misma, como por el deterioro que ella pueda causar en la salud de los titulares de los órganos judiciales.
Teniendo en cuenta lo dicho, no deja de ser un contrasentido que el CGPJ haya propendido a incentivar la hiperproducción resolutiva de los tribunales, con la pretensión de remediar así, a costa del sobreesfuerzo de los jueces, las escaseces debidas a un Ejecutivo siempre cicatero con la Administración de Justicia, de la que aquel solo se acuerda, como de la protectora Santa Bárbara, cuando truenan las imputaciones. Entonces se oyen lamentaciones por la tardanza de los procedimientos penales, sin parar mientes en que, en buena parte, esa lentitud es debida a la penuria de medios (humanos e instrumentales) para una instrucción más ágil.
Ocurre también que el problema de la carga de trabajo de los tribunales pone al descubierto un desarreglo añadido: la desigualdad, el agravio comparativo entre tribunales (y a la vez entre los justiciables que sufren las consecuencias). Así lo puso de manifiesto el Presidente del CGPJ en la citada comparecencia parlamentaria, al destacar que esa carga está muy mal repartida y que ello genera grandes desequilibrios. En efecto, si unos órganos judiciales soportan medidas razonables, otros sufren una presión desproporcionada; y cuando se dejan pasar los años sin poner remedio a esos desequilibrios, la situación cobra tintes de inadmisible iniquidad y oscura sinrazón. De eso, sabemos bastante en Vigo.
*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo
