Las antiguas casas de profesores del colegio de Nazaret desafectadas por la Consellería de Educación se convertirán en “viviendas sociales” cuando el Concello acepte formalmente la reversión y asuma la titularidad, un compromiso que pretende concretar a corto plazo, probablemente en el próximo Pleno ordinario. Para agilizar las gestiones, el Gobierno local ya trabaja en la elaboración de una ordenanza que regulará los usos previstos, y no solo de dichas viviendas de Nazaret, sino también de las que conforman la conocida como Casa dos Pobres, en la calle Ensinanza, que se destinarán a situaciones “de emergencia”. Así lo anuncia la alcaldesa, que ya tiene en su mesa de trabajo un primer borrador de la futura “Ordenanza reguladora de los criterios de adjudicación, normas de funcionamiento y utilización de viviendas de emergencia y viviendas sociales”, aunque evita adelantar los pormenores hasta entregar copias del documento a los grupos políticos para que lo conozcan y puedan realizar aportaciones.
La desafectación de seis viviendas de profesores de los bloques 2 y 3 para destinarlas a uso social es una de las prioridades que se marcó Victoria Portas ya desde la Concellería de Servizos Sociais, con Xosé Manuel Pazos en la Alcaldía. Sobre tres de ellas el proceso ya está practicamente finalizado, solo a la espera del inmediato visto bueno plenario, y el personal técnico del Concello ha elaborado informes que constatan su mal estado –“peor de lo que esperábamos”, reconoce la primera edil de Cangas– y la necesidad de realizar una reforma a fondo antes de ponerlas a disposición de las familias vulnerables o personas necesitadas. El Gobierno municipal debe fijar una partida presupuestaria para hacerle frente o tramitar ayudas ante otras administraciones, apunta la regidora, y tendrá que dar pasos similares para rematar las obras y hacer habitables las viviendas de la Casa dos Pobres, cuya restauración quedó a medias por la larga okupación de una de ellas, que impidió invertir el dinero recibido de la Diputación a cuenta del Plan Concellos 2019.
Mientras tanto, el inmueble situado frente al colegio Compañía de María permanece con varias puertas y ventanas tapiadas, con el objetivo de evitar que entren okupas que vuelvan a demorar el procedimiento una vez más. Parte de la carpintería exterior está almacenada, aunque la alcaldesa estima que harán falta unos 30.000 euros adicionales para completar la actuación y dotar a las tres viviendas de “equipamiento básico”, como cocina y otros servicios. No está garantizado a corto plazo, previene, porque aún deberá consignarse el dinero en el próximo presupuesto del Concello.
Las gestiones sobre las viviendas de profesores del Ceip Nazaret avanzan de forma paralela para poner en manos de la Administración canguesa seis apartamentos de titularidad municipal, una vieja aspiración que empezó a hacerse realidad al conseguir la reversión de la Xunta, hasta ahora responsable de los inmuebles por estar destinados desde su construcción a uso educativo. El paso más inmediato será “frenar su deterioro y evitar el derrumbe”, y a continuación “acondicionarlas y convertirlas en viviendas de gestión pública para uso social”, una necesidad que constatan a diario los servicios sociales y que se visualizó aún más con la pandemia de Covid, dificultando a muchas familias hacer frente al pago de alquileres o hipotecas que les permita vivir dignamente.
Las viviendas de la Casa dos Pobres estarán orientadas a “atender emergencias, por períodos cortos de tiempo”, hasta que sus moradores encuentren una alternativa o los servicios sociales una solución. Las de Nazaret serán “viviendas sociales” para personas o familias vulnerables que carezcan de recursos y necesiten una solución habitacional por períodos más amplios.
Implicación de colectivos e información a los grupos políticos
Para elaborar el borrador de la ordenanza reguladora, la alcaldesa echó mano de los servicios sociales y pidió colaboración a colectivos que trabajan con los más desfavorecidos, como es el caso de “Os Ninguéns”, con sede en Vigo, que ofrece “un espacio de encuentro para la lucha contra la pobreza y su estigmatización”. Fruto de ello es un documento de más de 20 páginas en el que se definen los usos, los criterios de adjudicación y las normas de utilización de las referidas instalaciones, explica Victoria Portas, y anuncia que remitirá, a corto plazo, el texto a los representantes de todos los grupos políticos de la Corporación canguesa para que puedan realizar sugerencias y aportaciones que permitan mejorarlo y madurarlo. Luego se someterá a aprobación inicial por el Pleno y se someterá a exposición pública para que cualquier persona o entidad interesadas pueda presentar alegaciones, previo a su aprobación plenaria definitiva. La regidora reconoce que queda “bastante trabajo” por delante hasta que la ordenanza entre en vigor.