“Nos quedamos en la calle; tenemos derecho a una vivienda digna”, protestan las dos personas que mantenían okupada la Casa dos Pobres de Cangas tras desalojarla, ayer, por mandato judicial y disuadidas por un fuerte dispositivo de la Guardia Civil y el compromiso del Concello de buscarle un alojamiento alternativo. A última hora de la mañana, la alcaldesa y los técnicos de los servicios sociales le propusieron dos opciones en Vigo, que los afectados iban a “valorar” antes de dar el sí. La Casa dos Pobres quedó tapiada con planchas de madera y con vigilancia de la Policía Local, porque tanto los representantes políticos como de las fuerzas y cuerpos de seguridad temen que la pareja de okupas intente entrar de nuevo, como ya hizo hace dos semanas a las pocas horas del lanzamiento judicial.
Con más cautelas que de costumbre, el operativo se puso en marcha a las diez de la mañana con varias patrullas de la Guardia Civil y sin presencia de la Policía Local, que no habría sido avisada con antelación, como tampoco la brigada de obras que debería tapiar los accesos para evitar su reokupación. Los agentes comunicaron a los dos moradores el mandato del Juzgado y estos abrieron el candado y retiraron la cadena que cerraba la puerta, al tiempo que demandaban una alternativa. Poco después empezaron a desolojar los enseres que guardaban en la vivienda y que quedaron sobre la acera a la espera de ser trasladados. La mujer, Ana P.S., se quedó el resto de la mañana observando las tareas de precintado mientras su pareja, Carlos G.R., se encargaba de las gestiones, entre ellas una reunión en el Concello para barajar las “alternativas” que le da la Administración. El hombre insistía en que es su pareja la más necesitada de vivienda, por su estado de salud y situación familiar, y anunció que él tiene previsto trasladarse al País Vasco y recuperar su oficio de marinero.
La reunión en el consistorio, presidida por la alcaldesa, Victoria Portas, no sirvió para zanjar el problema. Carlos G.R. insistió en que él y su pareja no son okupas, sino personas con necesidades de vivienda y atención social a las que no les queda otra alternativa que aferrarse a lo que tienen. Rechazan vivir en un albergue o en una casa compartida con otras personas que les impidan mantener la intimidad.
