En su ofensiva contra las construcciones levantadas en territorio protegido de la costa de Cangas, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) acaba de ordenar la “completa demolición” de una edificación auxiliar de uso hostelero frente a la playa de Rodeira. Se trata de un inmueble de 124 metros de superficie en planta baja y una altura de 2,5 metros colindante con los límites de la parcela, y la agencia vinculada a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da a sus promotores un plazo de tres meses para derribarlo y dejar vacante el terreno sobre el que se asienta hasta quedar en “estado anterior a la comisión de la infracción”. La APLU advierte a los responsables de que, si en ese tiempo no se cumple lo ordenado, se procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas , o bien a través de la ejecución subsidiaria por cuenta de los infractores y a su costa. La resolución pone fin a la vía administrativa y los perjudicados pueden recurrirla ante la APLU en el plazo de un mes, o bien ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
En el repaso de los antecedentes, la APLU recuerda que en mayo de 2003 el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra le informó de la ejecución de obras consistentes en la reparación y cambio de uso de una edificación frente a la playa de Rodeira. En enero de 2005 fue la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos la que decidió incoar expediente sancionador y de restitución de la legalidad por las obras realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. En casi dos décadas se han sucedido los trámites, incluida la presentación de alegaciones por los promotores, entre ellas la que advierte de que parte de la construcción se ubicaría fuera de la franja de servidumbre.
La Axencia de Protección urbanística de la Xunta realizó en las últimas semanas la notificación de tres propuestas de resolución de expedientes en Cangas, cuyos afectados tienen plazo de audiencia para alegar. En el mes de mayo también incoaron tres expedientes en zonas de servidumbre de protección del litoral, que afectan “a construcciones de tipo menor, como una terraza y una cabaña”, aunque “en ningún caso a la totalidad de una vivienda unifamiliar”, aseguran, y siempre “siguiendo su plan de actuación y conforme a los criterios de objetividad e imparcialidad que la presiden”.
La última inspección realizada en el marco del Plan de Inspección de la APLU fue en el primer trimestre de 2020, y como resultado “se levantaron unicamente cinco actas” en territorio cangués, “en contraposición al mayor número que se levantaron en el mismo trimestre en otros municipios”, aseguran portavoces de ese departamento autonómico. Con respecto al origen o causa de la tramitación, “la mayor parte de los expedientes obedecen a denuncias de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, del Concello e incluso de particulares”, y la Administración autonómica, a través de la APLU, “está obligada a efectuar las correspondiente comprobaciones y, de ser el caso, incoar el expediente oportuno”, explican.
