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Amenaza de derribo para más de medio centenar de edificaciones en O Hío y Darbo

Juan José y Ana, ante su casa amenazada por derribo   | // GONZALO NÚÑEZ

Juan José y Ana, ante su casa amenazada por derribo | // GONZALO NÚÑEZ

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) inició en la parroquia canguesa de O Hío una intensa ofensiva contra las edificaciones que están dentro de la denominada línea de Costas, en lo que es suelo protegido. Numerosas cartas comenzaron a llegar a los vecinos de las zonas de Nerga, Viñó, Vilanova, Donón y también de Santa Marta, esta última en la parroquia de Darbo. Son cartas donde se comunica el expediente de derribo y se le advierte de sanción, en muchos casos millonarias. Más de medio centenar de edificaciones, entre ellas viviendas, galpones y alguna que otra chabola que fueron construidas a partir del año 1989 y que no encuentran recoveco legal para su regularización, tras fracasar el intento del Concello de Cangas , tanto en la época del último gobierno de José Enrique Sotelo (PP) como en el primer mandato de Xosé Manuel Pazos (ACE). Las propuestas para la regularización de los núcleos, a través de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley de Costas, donde la línea de protección del dominio público marítimo terrestre pasaría de 100 metros a 20, fue rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente y su decisión recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, donde no obtuvo éxito tampoco. El Ministerio de Medio Ambiente rechazó en 2017 la propuesta porque entendía que los núcleos propuestos no figuraban en las Normas Subsidiarias de Planteamiento del Concello de Cangas (Rodeira I, Rodeira II, Santa Marta, Liméns, Areabrava, Arneles Vilariño. En ese momento se hablaba de 92 edificaciones que había que regularizar.

Ramón, en su casa, al que le llegó ya la segunda orden de derribo. | //

Las cartas a los vecinos de O Hío comenzaron a llegar el pasado año. Los vecinos afectados comentan que venían de la APLU de Pontevedra, donde se comunicaba el expediente y la resolución de derribo, además de la multa. Pero la semana pasada les llegó a Ramón y a Rosa la segunda orden de demolición, con la que se anunciaba el fin de la vía administrativa y se abría una empedrada vía judicial. Esta pareja vive en su casa de Nerga desde hace 25 años. Rosa María Fernández (54 años) recuerda que antes de empezar a construir su vivienda en Nerga vino el inspector de Obras e informó de que no había problemas. “Mi marido, en ese momento, estaba en el mar. Nos dijeron que no había problemas y conseguimos la licencia municipal e inscribirla en el Registro de la Propiedad, además de obtener el fin de obra, pagar el IBI y el Catastro. Ahora nos dicen que todas aquellas edificaciones anteriores al vuelo de 1989 son ilegales. Nadie nos dijo antes nada. Lo malo es que a nosotros no nos prescribe esta supuesta ilegalidad, pero sí para el Concello y para los arquitectos. Eso es lo que nos dice nuestro abogado”.

Vecinos de O Hío que ayer denunciaron la situación en la que viven, amenazados por los derribos de la APLU | // SDS

También asegura Rosa que hay mucha gente afectada que se desconoce porque son propietarios de segunda residencia. “Habrá que hacer todo lo que haga falta para defendernos. Aquí en Nerga es imposible hacer nada, bien por que lo impide la Ley de Costas o porque lo hace la Red Natura. Nadie puede hacer nada. Lo único que quieren estos intelectuales es que estas zonas queden despobladas”, manifiesta Rosa.

Vivienda amenazada de derribo. Gonzalo Núñez

Juan José y Ana están prácticamente en la misma situación que Rosa y su marido y también acudieron ayer a un encuentro que hubo entre vecinos de O Hío para hacer público lo que estaba sucediendo. Entre los lugareños se encontraba el que fuera presidente de la Asociación de Vecinos de Nerga, Alfonso Novas, al que la APLU ya le tiró un alpendre y ahora amenaza también su vivienda, aunque el expediente todavía no le fue comunicado de forma oficial. Pero Alfonso Novas lo tiene claro: hay que movilizarse ante lo que considera una injusticia. “Se nos dio licencia para construir y ahora nadie se quiere hacer cargo, comenta, a pesar de que pagamos nuestros impuestos”. Alfonso Novas apuesta por una movilización en la que se cierre O Hío los fines de semana como medida de protesta. En los próximos días habrá reuniones con más afectados y se tomarán decisiones, entre ellas crear una plataforma.

A Juan José le llegó la carta de la APLU en 2020, aunque todavía no se le comunicó la resolución del expediente. También se le acusa de construir su vivienda dentro de la zona de protección de Costas. Recuerda que solicitó licencia en enero de 1991, cuando el Cangas gobernaba la Gestora. “Nos dijeron que todo estaba bien y que solo habría problemas si algún vecino les denunciaba. En el año 1992 comenzamos la casa y en el año 1995 fue cuando nos mencionaron que la línea de Costas tocaba la casa. Los técnicos de la APLU empezaron a venir a la zona en 2019”. En la mayoría de los casos se trata de casas consolidadas desde hace tiempo, que para construirlas fue necesario que sus propietarios se hipotecaran. Ahora se cierne sobre ellos y muchos vecinos de O Hío algo con lo que no contaban. Parece como si la APLU hubiese esperado a que los tribunales rechazara la regularización que proponía el Concello de Cangas para empezar su ofensiva sobre una tierra en la que cada vez los vecinos encuentran más obstáculos para construir en las fincas que les dejaron sus padres.

La solución pasa por un Plan Xeral ya

Tras declarar desierto el Tribunal Supremo el recurso de casación que afecta a la declaración de núcleos costeros, el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, manifestó que el problema de los núcleos costeros sería resuelto a través del Plan Xeral, donde se fijarían los nueve que descartó el Estado, una decisión que también apoyaba en su momento el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ahora es cuando todos los grupos políticos deben entender que sus actos o su inacción respecto al Plan Xeral sí afectan a personas concretas. Urge una actuación inmediata, de lo contrario la APLU tendrá amparo legal para iniciar los derribos.

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