A finales de los noventa, los Concellos aún tenían la competencia para abrir expediente y derribar edificaciones ilegales en la costa, como era el caso de Cangas. El cuatripartito dirigido por el nacionalista Euloxio López tomó las riendas de una situación que se desmadraba y el socialista Euloxio López fue el ariete. Se combatía el chabolismo. Asentamientos ilegales en fincas dentro de la zona de costas que pretendía consolidarse, con la instalación de caravanas y pequeñas casas prefabricadas que se transportaban en camiones.
El cuatripartito pretendía luchar contra el feísmo en la costa, que levantaban principalmente vecinos de Vigo que llegaron a fundar una asociación en medio de este conflicto. Este movimiento municipal se truncó cuando cambió la ley y los concellos perdieron sus competencias para actuar y pasaron a ser de la Xunta de Galicia. Ahí se acumulaban las denuncias y nació la APLU.
Los asentamientos ilegales siguieron, pero la APLU iba golpeando poco a poco. Asestó un duro golpe en el año 2015, concretamente en Punta Alada. La Agencia desmanteló el asentamiento ilegal que había en la zona, donde en una parcela había 18 edificaciones o caravanas. Pero estos asentamientos ilegales nada tienen que ver con lo que ahora desde la APLU pretende derribar. La instalación de contadores de luz en estas casas ilegales retrasó judicialmente el desmantelamiento de otros asentamientos. En octubre de 2012, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio un espaldarazo a la política del Concello de Cangas en su lucha contra los asentamientos ilegales en la cosa. El alto tribunal revocó las sentencias de los juzgado s de los contencioso de Pontevedra que anulaba la orden de cortar la luz a los infractores, además criticó abiertamente la “sorprendente pasividad e inobservancia de sus obligaciones en la materia”.
En el caso que nos ocupa ahora son viviendas construidas por los vecinos en fincas heredadas, muy lejos del chabolismo que se combatía, y para las que se solicitó y consiguió licencia municipal. Lo mismo ocurre con las casas de segunda residencia. Por eso no son casos comparables, aunque tienen un denominador común: construir invadiendo la zona de protección de Costas. Además, en el primer caso se está hablando de edificaciones que se podían regularizar a través de la famosa transitoria de la Ley de Costas.
Los últimos datos ofrecidos por la APLU de sus actuaciones en la comarca de O Morazo son del año 2019. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística señalaba que en cinco años había procedido a 45 derribos de edificaciones ilegales, 29 de ellos en Cangas. El ejercicio con mayor actividad fue el año 2015, con la ejecución de hasta un adecena de órdenes de demolición.
En 2010 había 403 infracciones en la costa pendientes desde 1995
En el año 2010 se supo que la Xunta de Galicia tenía pendiente de resolver 403 infracciones en la cosa de Cangas desde el año 1995, cuando pasaron a ser competencia suya. Antes, las infracciones más frecuentes eran la instalación de caravanas, los galpones sin licencia dentro de las fincas, los muros, las viviendas prefabricadas, ahora son los pozos de barrena y también los artesanales, las casas de madera, los movimientos de tierra, los galpones con estructura metálica, los cambios de cubierta y también las pistas de padel. Nerga, Herbello, Cabo Home, Viñó y Punta Alada siguen siendo los lugares del municipio donde más se detectan las infracciones urbanísticas en suelo de costas. Pero aunque el Concello si que diferencia entre viviendas que pueden regularizarse, la APLU no lo hace. La decisión del Estado, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente, fue trascendental.
