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Centenares de personas protestan en Cangas contra las demoliciones “injustas” en la costa

Personas concentradas frente al consistorio de Cangas, ayer por la tarde, en apoyo a los propietarios afectados. | // G.N.

“Solo la movilización social y el apoyo solidario pueden salvar nuestra casa”, expresaba anoche Rosa María Fernández, emocionada al ver la plaza del Concello de Cangas colmada con centenares de personas que respondían a la convocatoria de protesta por la orden de derribo de su vivienda dictada por la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística). La espada de Damocles que pende sobre su casa era el motivo de la cita comunicada a la Subdelegación del Gobierno, aunque otras propiedades se encuentran en situación similar, con casuísticas diferentes y no todas levantadas de buena fe, como explicaron algunos de los convocados. Agotada la vía judicial, la intención de Rosa María y su familia, así como de otros participantes, es continuar la lucha en la calle para salvar las viviendas que fueron construidas con proyecto, permisos y licencias en regla y cuyos propietarios se encuentran ahora con una medida que ven injusta y el agua al cuello.

Carteles de protesta contra las medidas de la APPLU. | // G.N.

“Después de construir nuestra casa con todos los trámites pertinentes, nos llega una carta certificada de una agencia que ni siquiera conocíamos diciendo que nos la van a derribar”, comenzó su intervención Rosa María, muy emocionada, ante cerca de medio millar de personas que aplaudían sus palabras y coreaban consignas contra la orden de demolición. La afectada explicó que hace más de un cuarto de siglo decidieron levantar la vivienda con todos los trámites requeridos, como la redacción y ejecución del proyecto por técnicos competentes, arquitecto y aparejador, que solicitaron y recibieron licencia del Concello, pagaron las tasas e impuestos y pasaron las inspecciones correspondientes. “Hicimos las cosas como nos pidieron y con profesionales, con todo en regla, y ahora nos dicen que la casa es ilegal y hay que derribarla”, protestó. Y dejó claro que “si lo quisiéramos hacer ilegal no habríamos pasado todos esos trámites ni gastado el dinero que gastamos”. De hecho, el próximo mes de septiembre pensaban liquidar la hipoteca con la que financiaron su mayor patrimonio, “y ahora nos llega esto”. “¡La casa no se tira!”, coreaban los asistentes, aunque algunas de las personas presentes dejaron claro que su movilización no responde de forma incondicional a todas las propiedades sobre las que pesan notificaciones de derribo, ya que “en algunos casos, sus titulares sabían a lo que se exponían, pero aún así decidieron darle para adelante”.

Rosa María Fernández se dirige a los convocados. | // G.N.

En la fachada del consistorio colgaba una pancarta con la leyenda “No somos expedientes, somos familias”, en alusión al drama personal y familiar que supone quedarse sin vivienda e incluso tener que afrontar los gastos de demolición de los inmuebles. “24 años embarcado para escombros”, lanzaba la familia de estos afectados, en alusión a toda una vida de trabajo en el mar para levantar una vivienda que pueden acabar bajo lo piqueta si no hay marcha atrás. “¿Negocios sí y hogares no? Así no se protege el litoral”, “regulación sí, demolición, no”, rezaban otros carteles. Algunos de sus portadores se quejaron de la “violencia institucional” y del “abuso de poder”, y creen que las instituciones deberían mediar para corregir el problema causado.

Muestras de apoyo a los afectados que levantaron sus viviendas con licencia y buena fe G.N.

Rosa María Fernández y sus allegados aludieron a una situación personal y familiar difícil, ya que atraviesan una mala racha por distintos motivos, y “¡ ahora nos llega esta maldita carta!” que echa por tierra sus esfuerzos por salir a flote. Aunque agradecen la dedicación y el esfuerzo de las personas que les rodean, incluido su abogado, creen que desde el punto de vista legal “hay muy poco o nada que hacer, según dicen, y la única solución pasa por movilizarse, darles pena” y que la administración rectifique. Recalcan que hay otras familias “en situaciones parecidas” y que el respaldo social es básico para continuar la batalla. “¡La casa no se tira”, corearon las centenares de personas que se concentraron frente al consistorio por esta causa.

Algunos de los convocados ayer, con camisetas y pancartas de protesta G.N.

Presión social y respaldo “simbólico” del Concello

Entre las centenares de personas que se concentraron ayer frente al consistorio no había responsables políticos. Al menos en primera fila. Sí estaba la edil del PP Dolores Hermelo, aunque señaló que acudía a título personal, por su amistad con los convocantes, Rosa María y Ramón. Los convocantes primaban la “respuesta popular”. A esa hora, la alcaldesa, Victoria Portas, asistía a un homenaje que se brindaba en el Auditorio al dramaturgo y exalcalde Xosé Manuel Pazos para abrir la 38ª edición de la Mostra de Teatro, aunque por la mañana acudió a Nerga para dar su apoyo a las familias “desesperadas” por la situación que están viviendo y se comprometió a recabar documentación municipal y buscar fórmulas que puedan ser útiles para frenar la demolición. En particular, en aquellas propiedades levantadas con licencia y cuyos titulares han pagado tasas e impuestos, y los siguen haciendo. En todo caso, algunos afectados reconocen que por la vía legal no hay mucho recorrido, que ese respaldo es “simbólico” y que la movilización social puede ser más efectiva. En esa vía, anuncian que tienen previsto realizar un calendario de protestas y “explorar todas las vías” para conservar sus inmuebles. Señalan que la mayoría de los afectados son personas humildes a las que el derribo dejaría en situación “desesperada”, y que no es justo ese final para quienes “actuamos de buena fe”.

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