La proliferación de construcciones ilegales en espacios protegidos, especialmente en la zona costera de la parroquia de O Hío, y la "inacción" de la Xunta para ponerle freno ha llevado a la alcaldesa de Cangas a ordenar nuevas inspecciones en suelo rústico y espacios protegidos. Y el último "barrido" ha dado frutos, ya que los funcionarios han detectado actuaciones sin licencia que hasta ahora habían esquivado los controles de la Administración, entre las que destaca una edificación de aproximadamente 25 metros cuadrados de planta ubicada en Viñó, en suelo rústico y sin la preceptiva licencia municipal. La regidora ya ha ordenado la "suspensión inmediata" de cualquier actividad en la parcela, así como el precintado de la obra y de los materiales y maquinaria existentes por parte de la Policía Local, sin más trámites, además de la elaboración de un informe exhaustivo para remitir a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras para que adopte las medidas estipuladas en el reglamento de disciplina urbanística.

Clara Millán no está dispuesta a que unos cuantos infractores campen a sus anchas por el litoral cangués y se sientan inmunes a las leyes, mientras la gran mayoría sufre las consecuencias del avance del hormigón. Y quiere que el trabajo municipal se respalde y se complemente desde la Xunta, a la que insta a incoar los oportunos expedientes "con fin de salvagardar a zona da especulación e agresión urbanística da que é obxecto, co propósito de que poida manter o valor natural e paisaxístico que na actualidade ostenta". También pide al conselleiro que comunique al Concello, como parte interesada, cualquier resolución que se adopte a este respeto.

Axencia de Protección

Mientras siguen detectándose nuevas infracciones, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta continúa remitiendo al Concello solicitudes de información sobre expedientes de infracción en zona costera. Los responsables municipales le indican que todos los documentos están disponibles en el departamento de Urbanismo, y que también se le están facilitando la información de que disponen a los agentes de la Policía Autonómica que se encargan de las infracciones en el territorio. Insiste en que lo que hace falta es más agilidad a la hora de resolver las infracciones detectadas, ya que de los 405 expedientes remitidos, "a data de hoxe non recibimos as resolucións nin se procedeu a ningunha demolición, que se saiba".

Como consecuencia, no solo no se da ejemplo frente a la tentación de levantar nuevas construcciones ilegales en espacios protegidos, sino también un perjuicio económico para el Concello derivado de la "multitude de procedementos contenciosos contra as medidas cautelares ordeadas pola Concello", señala, en referencia a las órdenes de cortes de suministro eléctrico que se recurren en los Juzgados, sin bien los recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) están dando la razón al Ayuntamiento.

Falta de colaboración

"O Concello de Cangas leva moitos anos loitando contra as infraccións urbanísticas e foi pioneiro nas ordes de demolición de edificacións ilegais na costa", argumenta la alcaldesa en un escrito remitido al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, al que recuerda que esa actitud provocó incluso algunos conflictos sociales. "A pesar diso, sempre se continuou enviando puntualmente a esa Consellería todas as denuncias que tramitan os nosos inspectores nas zonas protexidas", añade, sin que desde la Xunta se avance en las soluciones. "Temos que lamentar que, desgraciadamente, a colaboración que amosamos neste senso coa Consellería non é recíproca", reconoce Clara Millán.