La Justicia da carpetazo al “caso García del Cid” y niega delito sin visionar las cámaras

La noche había sido cálida, con mínimas superiores a los 20 grados, y la jornada iba a estar marcada por temperaturas propias de agosto. Era lunes, 4 de septiembre. Puerto de Barcelona. El buque oceanográfico García del Cid, con 17 personas a bordo, madrugaba para aproar la costa valenciana y continuar con el proyecto de investigación PETRI-MED del Institut de Ciències del Mar, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Entre los miembros de la tripulación estaba Carmen Fernández (Cangas, 1980), camarera, que se reincorporaba tras dos años en tierra. Había denunciado una agresión sexual a bordo de ese mismo barco, por otro tripulante con el que, según la familia, coincidió la jornada anterior en la dársena de la Ciudad Condal. Por eso había implorado al CSIC un cambio de centro de trabajo, para no tener que regresar al García del Cid ni coincidir con los compañeros que, durante sus dos años de baja médica, continuaron trabajando con el denunciado. Su petición no fue atendida; en la mañana del 10 de septiembre ya no estaba en el buque. Su desaparición no será investigada por un juez: la Audiencia Provincial de Valencia, pese a que no se realizaron diligencias judiciales de ningún tipo, acaba de dar el caso por cerrado.

La camarera de Cangas desaparecida en Gandía denunció por acoso a otro tripulante del oceanográfico del CSIC

Desde el inicio, fue la Guardia Civil la que asumió las pesquisas y la instrucción correspondió al Juzgado de Instrucción Número 3 de Gandía. Como destacó a FARO el abogado de la familia, Diego Leis, solo se tomó declaración como testigos a cuatro de los 16 tripulantes, pero solo a su llegada a puerto. Bastó un mensaje de Whatsapp para certificar que el denunciado por la agresión había bajado del barco un día antes de partir, el 3 de septiembre, pero tampoco se le tomó testimonio.

De igual modo, no fueron requeridas las imágenes que graban la cubierta del oceanográfico pese a que el instituto armado nunca descartó una muerte accidental. Ya en primera instancia, el juzgado de Gandía decretó el sobreseimiento provisional del caso. “Procede acordar el sobreseimiento de las actuaciones por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa [...] sin perjuicio de las actuaciones policiales que se practiquen para el esclarecimiento de los hechos”.

Nuevos pasos

“Hay muchas pruebas por realizar. No se hizo ninguna diligencia en sede judicial. No sabemos si pasó algo cuando coincidieron, si hubo un acoso laboral, cómo la trataron a bordo, qué ambiente se encontró”, explicó Leis sobre ese sobreseimiento del juzgado de Gandía. La familia explorará ahora qué pasos dar, previsiblemente para exigir responsabilidades al CSIC por supuesta negligencia. La institución, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha asegurado que el convenio colectivo del García del Cid impedía el traslado de Carmen, extremo contrario tanto al propio convenio, como desveló este periódico –asigna todas las competencias de gestión a bordo al propio CSIC– como al protocolo antiacoso de la entidad.

En repetidas preguntas formuladas por escrito en Congreso y Senado, y tras la información de FARO sobre el caso de esta mujer de Cangas, el Gobierno ha circunscrito la investigación al terreno judicial, aunque aseguró que el CSIC había realizado su “propia investigación de los hechos”. “Es importante destacar que cuando se produjo la referida desaparición, la persona inicialmente denunciada no formaba parte del rol del buque”, y añadió que a la mujer “se le dotó de un camarote individual”. Pero en lo tocante al traslado, que el protocolo incluye como una cláusula de salvaguarda para las mujeres afectadas por casos de acoso y abuso, incidió en que el “convenio propio” del García del Cid “no incluye movilidad para sus trabajadores”.

“Si no me encontráis, me tiré por la borda. Os quiero mucho”, escribió en la libreta que dejó en su camarote.

#MeTooCSIC

El caso de la tripulante de Cangas, casada y con tres hijos, no solo ha despertado una oleada de solidaridad y condena en redes sociales, sino que ha sacado a la luz una realidad silenciada –destapada con el hashtag #MeTooCSIC– con el en la principal institución investigadora pública de España. Como ha reconocido la propia presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, la entidad cursa una media de cinco denuncias al año por acoso sexual; tramitó doce entre 2019 y 2023, una cifra que la diputada de ERC Pilar Valluguera ha elevado hasta la veintena en sede parlamentaria. Una moción suya, de hecho, ha instado al Gobierno a modificar los protocolos para proteger a las denunciantes y a que la investigación de las denuncias no se limite, como ha sucedido con Carmen Fernández, a la instrucción judicial. El “protocolo específico antiacoso” anunciado por la ministra Diana Morant para las tripulaciones, por la especial vulnerabilidad que sufren a bordo y que empezó a redactarse en julio del año pasado, todavía no se ha divulgado.

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