Milei mantiene el órdago que castiga a la flota gallega: “No cambiará una coma”

Descarta dar marcha atrás y desautoriza a su ministro del Interior: “Es lo que queremos para la pesca argentina”

El tarifazo del 15% sobre las exportaciones, también en pie

Cubierta de un buque potero en aguas argentinas. |   // CAPA

Cubierta de un buque potero en aguas argentinas. | // CAPA / Lara Graña

Lara Graña

Lara Graña

Bajo el gran paraguas de las “ideas de la libertad”, Javier Gerardo Milei aspira a convertir el caladero de Argentina en un concurrido patio donde jugar sin excesivas reglas, confiando en la magnanimidad del libre mercado para con las arcas públicas de su país. En esencia, y a través de un megadecreto “de necesidad y urgencia”, ha proyectado la subasta internacional de los permisos de pesca, habilitar la entrada a buques de todo tipo de pabellón o la posibilidad de faenar sin tener que descargar en suelo argentino. Esto es: entrar a pescar y salirse con las bodegas llenas sin generar valor añadido alguno en tierra, como sí llevan haciendo las compañías de capital gallego desde hace más de treinta años.

Un “esperpento”, en palabras del ex secretario de Estado y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (Cespel), César Lerena, contra el que se han posicionado seis gobernadores y todas las cámaras empresariales y sindicales del país. El propio ministro del Interior, Guillermo Francos, asumía este jueves la necesidad de dar marcha atrás. “Sintonizamos en la misma frecuencia, vamos a clarificar algunos puntos de la Ley porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales”, exhortó. Nada más lejos de la realidad: el ultraliberal Milei mantiene que solo la desregulación del caladero beneficiará a la industria. “No estamos en principio dispuestos a cambiarla porque consideramos que es parte de lo que queremos para la Argentina”, espetó en la tarde de este viernes el portavoz de su Gobierno, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

De modo que, de momento, la intensísima acción colectiva contraria a este decreto (Ley Ómnibus) no ha dado sus frutos. La industria pesquera, octava en volumen nacional de exportaciones y con más de 800 permisos de pesca en vigor –al menos 79 son de capital gallego–, no ha disipado las amenazas que se ciernen sobre ella. Solo las compañías participadas en Argentina por Iberconsa, Nueva Pescanova, Wofco, Profand, Vieirasa y Videmar facturan unos 420 millones de euros al año. “Ahora mismo, el Gobierno no cambiará una coma y mantendrá igual el texto de pesca de la Ley Ómnibus”, explica a FARO el propio Lerena, citando fuentes internas del ejecutivo federal. Así que, por delante, una batería de cambios que suponen no solo la práctica derogación de la actual ley pesquera argentina, vigente desde hace 26 años, sino la retirada del país del convenio de las Naciones Unidas conocido como la Constitución de los Océanos (1982). “El espíritu de toda la Ley, y del apartado de pesca en particular, es promover la libertad, la competencia y que aumente la producción pesquera”, abundó el portavoz de Milei.

Oposición

Este giro en el argumentario dentro del propio gabinete del controvertido mandatario revolvió a todo el sector, que anticipa ahora trabajo por delante para tumbar sus planes en el Congreso. No ha importado al líder de La Libertad Avanza tener en contra a los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Tampoco a las cámaras de armadores, gremios de marineros o capitanes, industria marítima o de construcción naval.

“Rechazamos las modificaciones impuestas y consideramos que es momento de defender la soberanía, los recursos y los empleos para trabajadores argentinos, dado que, en caso de llevarse adelante las reformas planteadas, habrá consecuencias devastadoras”, condenaron por escrito los gobernadores patagónicos, en una alianza inédita. Tendrá que agigantar sus esfuerzos y presión política para doblegar el brazo de Milei. No solo porque defiende, al menos de momento, todos los cambios que plantea para el sector de la pesca, sino porque se le echarían en tromba todas las industrias que también se ven afectadas por ese megadecreto “de necesidad y urgencia” (el DNU).

El ultraliberal Milei mantiene que solo la desregulación del caladero beneficiará a la industria. “No estamos en principio dispuestos a cambiarla porque consideramos que es parte de lo que queremos para la Argentina”, espetó el portavoz de su Gobierno, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

En palabras del portavoz Adorni, “estamos en contra de la pesca ilegal, pero sí estamos a favor del orden, la competencia y que la producción aumente”. Su propuesta permitiría la entrada de flotas de cualquier pabellón en aguas de su zona económica exclusiva (dentro de las 200 millas), sin tener que descargar en Argentina, independientemente de las inversiones realizadas en el pasado y cualquiera que sean las condiciones a bordo de los marineros. Solo en los últimos cinco años las compañías de capital gallego han realizado inversiones superiores a los 120 millones de euros en el país; sus más de 2.000 empleados cobran los segundos salarios más elevados del sector privado nacional, solo por detrás de los de la industria petrolífera.

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