Milei retirará este mes y por decreto los derechos de 80 barcos de capital gallego

La extensión a 200 millas de las aguas jurisdiccionales supuso, desde finales de los años setenta, la expulsión de flota pesquera gallega de caladeros de Boston, Canadá o Namibia. El espacio marítimo y sus recursos pasaron a ser materia de negociación con cada país ribereño y, en tanto no cristalizaban las denominadas sociedades mixtas, los muelles de Vigo o Marín se llenaron de grandes arrastreros que no tenían dónde ir a pescar. La industria gallega encajó este radical cambio del statu quo como pudo –quiebras mediante de algunas armadoras de peso– y no hay país costero en el mundo que ahora permita faenar a buques de pabellón extranjero (salvo por los convenios bilaterales con la Comisión Europea, por ejemplo). De momento, claro, porque las “ideas de la libertad” de Javier Milei amenazan con romper este esquema de explotación pesquera en uno de los mayores caladeros del mundo, el argentino, y retirar los derechos adquiridos de al menos 79 buques de capital gallego. Lo quiere hacer con la denominadau Ley Ómnibus; si el Congreso se la bloquea, empezará a promulgarla vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El límite, sostiene su equipo, está en el 31 de enero.

En Argentina, salvo para la merluza, no hay cuotas asignadas. Hay permisos de pesca que otorga el Consejo Federal Pesquero para especies como el langostino o el calamar. Todos los buques son de bandera de este país, generan empleo local y una enorme bolsa de divisas. Hasta la llegada de Milei, el pago de derechos de exportación dependía del valor añadido generado en tierra: cuanto más se procesaba la materia prima en Argentina, menos impuestos para expedir la mercancía. El ultraliberal ya dilapidó esta tasa progresiva (aplicará un 15% lineal), pero ahora pretende someter la asignación de derechos de pesca a una licitación internacional, dejando que buques de cualquier pabellón entren dentro de sus 200 millas. Literalmente, este es su mandato: “El Consejo Federal Pesquero podrá establecer una cuota de captura por especie. Las cuotas de captura serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”. De modo que la flota de capital gallego perderá esos derechos adquiridos tras décadas de inversiones, empleo generado o acciones de promoción económica en territorios como Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn. Un “sálvese quien pueda”, como interpreta un armador consultado, y un “esperpento” que ha puesto en pie de guerra a pesqueras, astilleros o gremios de marineros y capitanes.

Milei pone en jaque 420 millones de negocio de pesqueras gallegas

De acuerdo a la información recabada por FARO, Grupo Iberconsa es la compañía con más capacidad instalada en el país. Dispone de 26 barcos de pesca, muchos de los cuales de reciente construcción (API XII o API VIII) o sometidos a reformas integrales (Minchos Octavo). Es la pesquera más expuesta al terremoto Milei por cuanto dispone de la mayor cuota asignada de merluza, con un 14,99% del total (el tope está en el 15%). Conarpesa, en la que la viguesa Wofco controla el 45% del capital, despliega una flota de otros 22 pesqueros, por los 15 de Nueva Pescanova o los nueve de Profand. Vieirasa (4), Gandón (2) o Videmar (1) complementan esta inmensa presencia gallega en el caladero argentino, y eso sin tener en consideración las plantas frigoríficas o de elaboración. Como desgranó este periódico, el tarifazo de los aranceles a la exportación supondrá para el sector gallego un sobrecoste de 50 millones de euros anuales; con la plena ejecución de la Ley Ómnibus se juega más de 400 millones de euros de volumen de negocio. Ningún otro caladero tiene una importancia semejante para la pesca española.

Decretazo

Teniendo en cuenta los limitados apoyos que la formación de Milei tiene en el Congreso argentino, la pesca confiaba en que esta metamorfosis radical en la gestión de los recursos pesqueros fuera bloqueada por los legisladores. El problema es que el nuevo inquilino está dispuesto a aprobar todos cuantos decretos de urgencia necesite para sortear a las cámaras. Sabe hacerlo: con dos DNU previos a las Navidades ya desreguló la economía de su país y derogó cientos de leyes al margen del poder legislativo. “En pocas semanas, cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la Nación se van a encontrar ante dos opciones: podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos ha empobrecido; o podrán aprobar la ley para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad”, exhortó el nuevo presidente en su mensaje de fin de año.

“No hay margen para demorar seis meses en sacar las leyes que necesitamos. El plazo es hasta el 31 de enero. Si se aprueba en comisiones y se necesita unos días más para que salga la media sanción y en el Senado, se verá. Y si no, avanzaremos con más DNU”, publicó ayer el periódico Clarín, citando fuentes de máxima confianza del ultraliberal. Los de Milei tendrán problemas por múltiples frentes, especialmente desde el judicial: la Constitución argentina delimita la capacidad de promulgar decretos de necesidad –se utilizó durante la pandemia del COVID, por ejemplo– y obliga a su aprobación por parte de Congreso y Senado. Eso sí, tiempo después de su entrada en vigor. Lo que hará el actual Gobierno es aludir a la grave crisis económica por la que atraviesa el país para lanzar un goteo de decretazos, si lo necesita.

Incluso en este impasse de espera, el órdago de la Ómnibus ya está teniendo consecuencias severas, como advierten fuentes de la patronal de astilleros (Cámara de la Industria Naval). “Los efectos negativos han sido inmediatos, porque la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos y del inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional”, incidieron en un escrito facilitado a FARO. Esta asociación alude directamente a la “desaparición” de las empresas que utilizan sus servicios, y en las que se incluyen todos los grandes grupos de capital gallego. “Todos nuestros actuales clientes pueden desaparecer y ser reemplazados por nuevas empresas extranjeras, que podrán operar con personal extranjero desde puertos extranjeros, todo lo cual estaría permitido con el nuevo marco normativo”. Solo en los últimos cinco años los astilleros de Vigo y Burela (Grupo Armón) entregaron siete pesqueros para armadoras que operan en Argentina. En este mismo periodo, la inversión realizada desde Vigo para sus filiales del país superó holgadamente los 100 millones de euros, teniendo en cuenta la construcción de buques, compra de empresas e instalaciones o ampliaciones de capital.

Suscríbete para seguir leyendo