El sector pesquero sigue en vilo por el veto de Bruselas a la pesca de fondo en 87 caladeros en los que las profundidades superan los 400 metros de profundidad. Los armadores todavía se están situando, entre la incertidumbre y el temor ante la normativa que entró en vigor el pasado domingo día 9. De hecho, en la primera semana de su implantación las lonjas gallegas subastaron menos de 1.300 toneladas de las especies afectadas por el reglamento, un 60% menos que hace un año, como publicó FARO ayer. Sin embargo, los armadores no se dan ni mucho menos por vencidos. Las principales asociaciones del sector llevan semanas estudiando la viabilidad de presentar un recurso ante el reglamento de la Comisión Europea y la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) trabaja ya en la suya. Aunque la decisión no está todavía tomada, los gransoleros se reunirán en los próximos días para dar luz verde a la operación.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció justo antes de su visita a Conxemar que el Gobierno presentaría un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para intentar frenar una norma considerada confusa, con un enfoque muy restrictivo respecto al informe científico que lo avalaría y sin el más mínimo análisis de impacto socio-económico. El viernes de la semana pasada, la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OOP-7) anunció que también llevaría a cabo esta acción legal para defender la actividad de los 16 barcos palangreros de fondo (la flota más afectada).
ARVI, la organización más representativa del sector pesquero en toda la UE, podría ser la siguiente en dar el paso. Según explican fuentes de los armadores olívicos, la cooperativa consultó ya con su equipo jurídico los pasos a dar y tan solo faltaría el visto bueno por parte de sus asociados para presentar el recurso. No en vano, se trata de una acción muy cara y que supondría una aportación por parte de los propios armadores, ya que “es un extra que no está contemplado en los presupuestos”.
“Todavía tenemos que tomar una decisión”, explicaron las fuentes consultadas, “pero ya hay un preacuerdo para hacer un recurso”. Éste sería presentado como organización afectada, bien sea en nombre de la OPPF-4 (Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo) o de Anasol (Asociación de Armadores de Buques de Pesca en el Gran Sol).
Se espera que, como en el caso de la OPP-7, se solicite también la suspensión cautelar e inmediata del reglamento. Sobre todo, después de que Bruselas descartase una revisión del reglamento ya este año, tal y como esperaban desde la Secretaría General de Pesca a raíz del nuevo informe que presentará el Consejo Internacional de Exploración del Mar (ICES, en inglés), pospuesto finalmente para mediados de diciembre.
