El veto a la pesca de fondo derriba las capturas en la primera semana de su implantación: -60%

En el informe de impacto socioeconómico que Bruselas no requirió antes de poner en marcha el reglamento que veta la pesca de fondo, y que ahora elaborará a toro pasado el Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), se habría evidenciado lo que ya se puede constatar viendo los registros de subastas de las lonjas gallegas. Más allá de que la redacción de esa normativa es confusa y genera incertidumbre en el sector, es palmario que detraerá de los mercados miles de toneladas de pescado, lo que subirá los precios y obligará a una mayor importación de materia prima del extranjero. Solo tras la primera semana de entrada en vigor del acto de ejecución 2022/1614, las descargas en los pósitos se han derrumbado en un 60%, al pasar de 3.183 toneladas –de la semana del 11 al 18 de octubre del año pasado, de lunes a lunes– a menos de 1.270 de estos últimos siete días. Se trata de las capturas de la docena de especies, también demersales (de poca profundidad), que se explotan en las áreas afectadas por el veto comunitario: bonito del norte, merluza, rape, rapante o lenguado. Con todo, el equipo que comandan Virginijus Sinkevicius (comisario de Pesca) y su número dos Charlina Vitcheva (directora general) rechazan requerir un informe de impacto económico y social hasta la primera revisión del reglamento, ya para el año próximo.

Fuentes consultadas del sector apuntan a tres factores que han causado este descenso abrupto en las capturas. En primera instancia, a un “extremo principio de precaución”, que hizo que decenas de buques no saliesen a pescar a la espera de que se clarificasen dudas sobre las propias áreas vetadas –ocupan más de 16.400 kilómetros cuadrados– y la profundidad máxima permitida. “En las cartas batimétricas –apunta un marinero desde un buque que utiliza aparejos de enmalle– tienen más fondo. Nos encontramos que la realidad es otra, así que al final, en zonas donde estamos a menos de 400 metros, va a constar que sí y no podremos trabajar”. Arriesgarse a largar aparejo con tantas dudas, abundan fuentes conocedoras de la actividad de palangre de fondo, “no compensa”. También está, en segundo lugar, el factor climatológico. “Las condiciones no han sido las mejores”, constatan desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por último, el destierro de algunas flotas, como la del palangre de Gran Sol, principalmente de la costa lucense. En su caso, el impacto es severo, con 57 unidades que se han quedado casi sin alternativas.

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Los puertos

En los registros de Pesca de Galicia, que es la página donde la Xunta digitaliza los datos de subastas, no están actualizados todos los pósitos (falta A Coruña, por ejemplo), pero sí los más destacados en los segmentos de flota afectados, como Vigo, Ribeira, Burela o Celeiro. Desde el ministerio que comanda Luis Planas consideran que será a partir de la próxima semana cuando se podrá concluir con más seguridad el golpe a encajar. Por lo pronto, y además de la caída de ese 60% en los volúmenes descargados, es notorio también el importe que se ha dejado de facturar. Si hace un año, en una semana equivalente, las lonjas sumaron 5,75 millones de euros, en los últimos días no se alcanzaron los 1,9 millones; es una disminución del 80%.

El sector, como recogió FARO, ya anticipó que la entrada en vigor de este reglamento afectará de lleno a la campaña de Navidad, la más intensiva del año. “Va a haber especies muy difíciles de capturar”, señaló el presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA), Iván López, citando entre ellas el besugo o las gambas, para las cuales “se necesita cierta profundidad”. El consumidor lo notará en su coste (ante la menor oferta y la misma demanda) o en la propia calidad de estos productos. “Se incrementará el precio y probablemente las importaciones procedentes de otros orígenes”, agrega al respecto, resaltando que es paradójico que la Unión Europea “fomente la economía de países no comunitarios”. De hecho, como también analizó este periódico, los países comunitarios han disparado la compra de pescado de países con tarjeta amarilla, por no controlar la pesca ilegal o por deficiencias en materia de control pesquero. Solo en 2021 introdujeron pescados y conservas por valor de más de 2.300 millones de euros de estos mercados, una cantidad sustancialmente por encima de los niveles previos al COVID y al frenazo del transporte global. A día de hoy, los países amonestados son los siguientes: además de Ecuador, Panamá, Ghana, San Cristóbal y Nieves, Sierra Leona, Trinidad y Tobago, Liberia, Vietnam y Camerún.

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