El polémico artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica aprobada por el Congreso hace un mes sigue coleando. La Xunta ya anunció que tomaría medidas legales al entender que “es anticonstitucional” y que deja a la industria del mar gallega en una situación de “inseguridad jurídica”, ya que tal y como defiende el sector el articulado deja en el aire las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre pese a una enmienda introducida a última hora. Y esto es precisamente lo que investigará la Comisión Europea. En una respuesta parlamentaria al eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, avisó que la CE analizará “la interpretación del artículo 18” y “su posible impacto en las actividades acuícolas”. Para la Confederación Sectorial Mar-Industria gallega esta decisión supone un “espaldarazo” a sus demandas.
El sector señala que la decisión de Bruselas supone un "espaldarazo"
Tal y como publicó este periódico el pasado 2 de abril, Millán Mon (PP) lanzó una pregunta por escrito a Sinkevicius con ánimo de que el lituano valorase si la nueva ley impulsada por Transición Ecológica suponía una “incompatibilidad con las nuevas Directrices sobre Acuicultura” de la UE y si el artículo 18 (conocido así durante la fase de proyecto y actualmente el número 20 en la ley aprobada) acabaría o no afectando a cocederos, depuradoras, conserveras y otras empresas situadas en el litoral de la comunidad y del resto de España, recortando “de forma retroactiva la duración de las autorizaciones administrativas en la costa”.
En cuanto a la primera de las cuestiones, Sinkevicius recordó en su respuesta (también por escrito) que las directrices sobre acuicultura impulsadas por la UE “tienen el objetivo de proponer una vía para lograr un mayor crecimiento” de la actividad, “de forma que sea más competitiva, más resiliente y se convierta en un ejemplo en términos de sostenibilidad”.
De igual forma, el comisario informó que las directrices “incluyen el marco normativo y los procedimientos administrativos” y “el acceso al espacio para su desarrollo”, al igual que tienen en cuenta el “impacto del cambio climático”, que según el lituano “ya supone un reto importante para el sector”.
“Es esencial que los Estados miembros de la Unión integren el cambio climático en sus políticas y estrategias nacionales para garantizar una adaptación eficiente al cambio climático y la mitigación de sus efectos”, añadió.
“La CE planteará la cuestión de la interpretación del artículo 18”
En cuanto al artículo 18 (con sus puntos 18.3 y 18.4, los más problemáticos según el sector), el comisario señaló que la CE “planteará (...) la cuestión de la interpretación (...) y su posible impacto en las actividades acuícolas”. Esto lo hará, explicó, de la mano de “los expertos españoles” que participan en el mecanismo de coordinación de la política en materia de acuicultura a nivel comunitario, en el que participan también las partes interesadas.
El secretario de la Confederación, Fernando Otero, explicó que “es un buen punto de partida”, sobre todo por “el extremo cuidado de las instituciones europeas a la hora de tocar leyes internas de los Estados miembro”. Así, por un lado entiende que la CE “reafirma su apuesta decidida de siempre por el sector acuícola en general”, entendido “como posibles víctimas” del Cambio Climático más que causantes. Por otro, Otero resaltó que “algo debieron de ver en el ya conocido artículo 18” cuando Sinkevicius avisa que lo someterán “a examen específico en ese grupo de coordinación de la política en materia de acuicultura”.
“Será fundamental en todo caso que, como dice, el sector sea participe de esos grupos de análisis y consulta para poder expresar sus razones con los datos de alta calidad ambiental que lo avalan”, resumió el jurista.
