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Crece la fuga de empresas gallegas por la Ley de Cambio Climático

Interior de una depuradora de marisco a pie de costa en Cambados. | IÑAKI ABELLA

La fuga comenzó el año pasado. Algunos empresarios de cocederos y depuradoras de marisco de Galicia empezaron a mirar con buenos ojos la costa del norte luso, cuyos ayuntamientos, al igual que en el interior, ofrecen una alfombra roja para la implantación de nuevas firmas. Los dueños de las firmas empezaron a moverse para deslocalizar su actividad allí o para realizar en la zona la inversión que habían previsto para expandir su negocio en suelo gallego. Allí estarían cerca de la comunidad, sin abandonar su mercado de referencia, pero lejos de la inseguridad jurídica generada con parte del articulado de la nueva ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. En concreto, con el artículo 18, que en la práctica modifica la vigencia de sus concesiones y los aboca, en algunos casos, a la desaparición. Esta problemática llevó a la creación de la Confederación Sectorial Mar-Industria, cuyos responsables sitúan la fuga de empresas en una docena. “Son firmas con proyectos de futuro fuera de la comunidad gallega. La inversión aquí está paralizada”, lamenta desde la asociación.

Según explican a FARO fuentes de la Confederación, empresas asentadas en la línea de costa como son cocederos, depuradoras o conserveras están frenando todas las inversiones que tenían proyectadas en la comunidad debido a la polémica ley contra la que el sector lucha. ¿Por qué? Según explicaron ya hace meses, los artículos 18.3 y 18.4 recogen que la duración de los títulos de ocupación “se computarían en todo caso desde su otorgamiento”, incluyendo las prórrogas, limitando de esta forma su ya histórica presencia –en muchos casos– en la costa gallega hasta un máximo de 75 años.

Por ese motivo, las firmas se están moviendo. “Nadie puede proponer invertir aquí con esta situación”, alertan desde la Confederación, que avanzan que la fuga iniciada el pasado año “se sigue produciendo” y que “hay inversiones que venían destinadas a Galicia y que ahora ya no vendrán”. De hecho, algunas empresas están incluso barajando fusiones entre ellas para ganar músculo y salir con mayores garantías de éxito al extranjero. Y no solo al norte luso. “También se están viendo opciones en Francia u Holanda”, apuntan.

Aunque el sector no da la batalla por perdida. La tramitación para la ley se encuentra en estos momentos en la recta final y la Confederación tiene estas semanas más actividad que nunca. En los últimos días se han ido reuniendo con los grupos políticos para intentar convencerles de la necesidad de enmendar el texto del Gobierno, que, recuerdan, no fue consensuado con el sector afectado. La ley impulsada por la ministra Teresa Ribera recibió más de 750 enmiendas, algunas dirigidas directamente a los polémicos artículos.

“Espero que un diputado gallego no vaya a votar en contra de su sector primario y transformador”

Roberto Fariña - Presidente de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade)

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Hoy, si nada cambia, el sector mar-industria se reunirá con los diputados del PSdeG. Los días previos fueron grupos como Teruel Existe, Bildu o Más País. “Espero que un diputado gallego no vaya a votar en contra de su sector primario y transformador”, avisa Roberto (Tito) Fariña, de la Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade).

Para Fariña “todos los grupos entendieron el mensaje porque la aplicación de esta norma en Galicia es totalmente absurda”. “La idea con la que nos quedamos es que fueron reuniones positivas”, añade. Según el presidente de Agade, el papel del BNG será clave para lograr apoyos en el grupo Plural. Después de Semana Santa se reunirá de nuevo la comisión de Medio Ambiente para una votación clave antes de remitir el texto al Congreso. Para el sector del mar, como para todas las empresas que se asientan en la costa (como Ence en Pontevedra) es un punto de no retorno.

Cofradías

Las cofradías, por su parte, también se oponen frontalmente al artículo. La Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra reclamó ayer su retirada al ser “ambiguo” y dar lugar a una interpretación que amenaza la continuidad de “muchas” empresas del dominio público marítimo terrestre. La federación presidida por José Manuel Rosas (patrón mayor de Bueu) avisan de que es “imprescindible garantizar la seguridad jurídica”.

Los pósitos demandan así que se suprima o se modifique la redacción de ese proyecto, pues “pueden verse seriamente en peligro” puestos de trabajo de la cadena mar-industria así como los de la planta de Ence, a cuyos trabajadores quisieron mostrar a su solidaridad al tiempo que apoyan sus reivindicaciones. “A día de hoy no está suficientemente demostrado que la actual ubicación de Ence suponga un riesgo aparente para la producción pesquera y marisquera de la ría de Pontevedra”, sostienen.

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