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La polémica sobre la Ley de Cambio Climático llega a Bruselas

La llamada “carretera de las depuradoras”, en la costa de Cambados. | IÑAKI ABELLA

La llamada “carretera de las depuradoras”, en la costa de Cambados. | IÑAKI ABELLA

La polémica por la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en lo relativo a la duración de las concesiones en el dominio público marítimo-terreste llega a Bruselas. Hasta este momento, el debate se había centrado en España, con especial incidencia en Galicia, en la que el sector relacionado con el mar lleva meses cargando contra el artículo 18 al entender que les afecta directamente generando una “grave inseguridad jurídica” a cocederos, depuradoras, conserveras y otras empresas situadas en las zonas costeras, como viene defendiendo la Confederación Sectorial Mar-Industria. Ahora al debate se va a sumar también la Comisión Europea (CE) y, en concreto, la centrada en Medio Ambiente, Océanos y Pesca. El comisario, Virginijus Sinkevicius, responderá en las próximas semanas a la pregunta del europarlamentario gallego Francisco Millán Mon (PP), que pone en tela de juicio ante la CE el artículo y cuestiona si su aplicación supondrá una “incompatibilidad con las nuevas Directrices sobre Acuicultura” y, por lo tanto, sobre el desarrollo de este sector y del resto de la industria relacionada con el mar.

Según defienden desde la Confederación, los artículos 18.3 y 18.4 de la ley recogen que la duración de los títulos de ocupación “se computarían en todo caso desde su otorgamiento”, incluyendo las prórrogas, lo que limitaría su ya histórica presencia –en muchos casos– en la costa gallega hasta un máximo de 75 años.

La pregunta en el Parlamento Europeo, que incluye en su argumentario la última información publicada por FARO sobre el aumento de la fuga de empresas de Galicia y la paralización de inversiones en la zona por miedo a la legislación, plantea que la ley “recortaría de forma retroactiva la duración de las autorizaciones administrativas en la costa”. Pero, además, el eurodiputado estima que esta parte del articulado también iría en contra de las propias pautas comunitarias, haciendo alusión a la “hoja de ruta de la Comisión sobre la actualización de las Directrices Estratégicas de la UE sobre Acuicultura”.

Millán Mon entienden que la ley va en contra de la hoja de ruta de la Comisión sobre la actualización de las Directrices Estratégicas de la UE sobre Acuicultura

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“Se afirma que el desarrollo del sector acuícola se ha visto obstaculizado por barreras como complejos procedimientos administrativos o la falta de acceso al espacio, aspectos en los que los Estados miembros no han hecho progreso suficiente y que perpetúan la excesiva dependencia de la Unión de importaciones de productos pesqueros procedentes de terceros países”, recuerda la pregunta.

A juicio del europarlamentario, el problema tiene dos vertientes, por un lado, la que tiene que ver con la dependencia de otros países en acuicultura y, por otro, la inseguridad jurídica. “El dictamen jurídico realizado por expertos de la Xunta ya dice claramente que es inconstitucional y que plantea incertidumbres”, recalca Millán Mon.

El sector se alinea con estas tesis a las que deberá ahora responder Bruselas mientras sigue a la espera de que la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, les atienda. La Confederación critica que siga sin “sentarse con la representación de los afectados a hablar y delimitar los puntos de discrepancia” sobre el polémico artículo 18, mientras por otro lado “se comunica con la masa social afectada a través de las redes sociales y artículos en medios de comunicación”. “El debate en torno a los famosos 75 años, como todo lo demás en este asunto, no debería estar en el terreno de la política sino de un análisis jurídico veraz y contenido, cosa que no abunda aquí”, explica el secretario general de la Confederación, Fernando Otero.

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