La Comisión Europea ha dado tres meses a Irlanda para realizar una investigación interna en la que verifique si se están cumpliendo las normas de la Política Pesquera Común (PPC). La medida de Bruselas se conoció a principios de mes y surgió a raíz de una auditoría en 2018 en uno de los puertos en los que opera la flota gallega de Gran Sol, el de Killybegs.
Según aquella auditoría, los responsables encontraron "debilidades severas y significativas", lo que ha llevado a una mayor presión sobre el Gobierno irlandés en materia pesquera. Entre aquellos fallos hallados están los relacionados con el pesaje de las capturas -principalmente de especies pelágicas- o con el registro erróneo de las capturas.
Desde el Puerto de Vigo ya habían mostrado su preocupación en una misiva enviada al ministro de Mar de Irlanda, Michael Creed, sobre los controles en sus puertos, tras las amenazas de algunos armadores de dejar sus capturas allí.
