El CGPJ deniega el refuerzo al Mercantil: aún no llegó el aluvión del cártel de coches

En noviembre el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) elevaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la solicitud de una medida de apoyo para el Juzgado de lo Mercantil de Vigo ante la previsión de que recibiese una avalancha de más de 20.000 pleitos del cártel de los coches desde finales de 2023 y a lo largo de este 2024. A raíz de la petición instada por el decanato vigués, se decidía, coloquialmente hablando, poner la venda antes de la herida para evitar un colapso judicial. Pero el refuerzo acaba de ser denegado. “El hecho que motiva la petición no se ha producido todavía”, afirma el Servicio de Inspección del CGPJ, dejándose en todo caso la puerta abierta a autorizar la medida en función de “la evolución de entrada en el órgano de este tipo de asuntos” durante los próximos meses.

La solicitud del refuerzo vino motivada porque grandes despachos especializados comunicaron al Mercantil su intención de presentar entre finales de 2023 y durante 2024 más de 23.000 demandas de conductores afectados por el escándalo de los sobreprecios en la venta de vehículos en el que incurrieron la mayoría de empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles con representación en España entre 2006 y 2013. El motivo de dicho aluvión es que en Vigo está la sede social de Stellantis, que agrupa a parte de las marcas sancionadas. Pero por el momento la avalancha se hace esperar: en todo 2023 el juzgado vigués registró 103 litigios de esta materia y desde que arrancó 2024 solo se recibieron 42.

Concursos de acreedores

El Poder Judicial hace referencia a dicha circunstancia y, aunque reconoce que ya de forma general el juzgado tiene una gran carga de trabajo que duplica la recomendada, no presenta sin embargo una elevada pendencia. “El órgano tiene una carga de trabajo muy elevada que alcanzó en el 2023 el 200% del indicador, pero la media nacional no está muy por debajo, con un 186%. Sus pendencias, salvo en ejecución que sí supera todas las medias examinadas, se sitúan en procesos declarativos y concursos [de acreedores] por debajo de las medias nacionales y su tiempo de respuesta está también por debajo de las medias provincial, autonómica y nacional. En suma, no concurre actualmente una situación de excepcional retraso o de acumulación de asuntos que [...] justifique una medida de apoyo como la interesada”, se refiere en el acuerdo adoptado el pasado 7 de marzo por el máximo órgano de gobierno de los jueces y del que ayer se dio cuenta en la Comisión de la Sala de Gobierno del TSXG.