El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó, un viernes de febrero del año 2000, un convenio entre el Ministerio de Fomento y el presidente de Autopistas del Atlántico Concesionaria Española SA (Audasa). Aquel documento, con forma jurídica de Real Decreto, llevaba estampada la firma de Rafael Arias-Salgado y José Miguel Ortí, ministro popular y presidente de la compañía, respectivamente. Su cláusula decimosexta estableció que, en vez de tener que devolver al Estado la gestión y explotación de la AP-9 en 2023, la concesionaria disfrutaría de una prórroga colosal. Así que la autopista, que tendría que haber vuelto a manos públicas el pasado 19 de agosto, seguirá en las de Audasa hasta verano de 2048. No hubo procedimiento de licitación de libre concurrencia, contraviniendo la normativa europea. Y este sábado se cumplen dos años de la apertura de un expediente contra España: “Ha ampliado la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin iniciar previamente un procedimiento de licitación pública. Por consiguiente, la Comisión considera que ha incumplido las obligaciones que le incumben”, resumía entonces Bruselas. Ahora, al fin, los servicios jurídicos ya han arrancado con el análisis del procedimiento y de las alegaciones formuladas desde el Gobierno.
“Están tardando mucho. Quiero pensar que hay serias dudas respecto a las alegaciones presentadas por España”, explica el presidente de la asociación En Colectivo, Diego Maraña. En todas las ocasiones en las que el Ejecutivo ha sido interpelado sobre los motivos que ha ofrecido a Bruselas para defender la prórroga, se ha negado aludiendo a un mandato de “confidencialidad”. “El procedimiento ya está en análisis, pero, en mi opinión, esos argumentos deberían darse a conocer”, abunda Maraña, “estamos hablando de un asunto que nos va a afectar hasta el año 2048”. Solo en el primer semestre de este ejercicio, Audasa facturó cerca de 90 millones de euros en peajes, tras haberse asegurado una revalorización de las tarifas íntegramente asociada a la inflación. Factura, esta última, que ha corrido a cuenta de los usuarios (+4% de subida) y del erario público (+5,4%).
Consecuencias
La evaluación de la Comisión Europea podrá tener dos resoluciones: el archivo, con el consiguiente mantenimiento de la prórroga, o la emisión de un dictamen vinculante obligando a poner fin a la concesión. En este último caso, Bruselas daría a España un plazo para acatar la decisión. Audasa ha advertido ya reiteradamente que no bajará los brazos ante un eventual rescate de la AP-9: “Los administradores consideran que, cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a la Sociedad y por razones de interés público [...] implicaría el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada. Indemnización que, a juicio de Audasa, sería significativamente superior al importe actual de su deuda”. La deuda de esta empresa, que amortiza emisiones de obligaciones con otras nuevas, supera los mil millones de euros.
El precedente del caso AP-9 está en Italia, que se vio obligada a anular una prórroga similar –en este caso, extendió un tramo de la autopista A 12 Livorno-Civitavecchia hasta 2046– tras haber incumplido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y haber recibido por ello copiosas sanciones diarias de Bruselas. Por lo pronto, e independientemente de lo que determine la Comisión Europea, en Madrid no hay ninguna intención de extinguir la prórroga motu proprio. “El Gobierno no contempla actualmente la posibilidad de rescate”, zanjó a una pregunta parlamentaria del nacionalista Néstor Rego.
Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos hasta junio y a que Audasa incrementará en todo caso las tarifas conforme a la inflación –Funcas prevé un IPC del 3,9 y el 3,4% para este año y el próximo–, la facturación de la concesionaria rebasará sin problemas los 200 millones de euros a finales de 2024. El denominado saldo de compensación, generado a raíz de las obras de ampliación de Rande, ha medrado además hasta los 350 millones de euros y duplica ya el coste de esa actuación (191 millones).
Cambio de operadoras en las estaciones de servicio
Autopistas del Atlántico (Audasa) concluyó ayer el cambio de operadores en sus seis áreas de servicio, que pondrán en marcha una inversión superior a los dos millones de euros en la renovación y mejora de las instalaciones, tanto en estaciones como en restaurantes.
Según informó la empresa en un comunicado, los nuevos operadores de las estaciones de servicio y tiendas incluyen a la firma gallega Galuresa, que gestiona las gasolineras de Miño y O Salnés bajo la marca BP; Cepsa, encargada de operar las estaciones de servicio de San Simón y Ameixeira; y el grupo italiano ENI, responsable de las estaciones de O Burgo y Santiago. El periodo de concesión de las estaciones de servicio es de 5 años.
