Aumenta el tiempo medio de espera en Vigo por una licencia de obra

La patronal inmobiliaria urge reducir la burocracia a su mínima expresión

La Xunta promete “agilidad” en la tramitación del Plan Xeral

Reforma del Círculo Católicode Obreros, entre López de Neira y Doutor Cadaval.

Reforma del Círculo Católicode Obreros, entre López de Neira y Doutor Cadaval. / Alba Villar

Hace algo más de un año, en mayo, eran 11 meses. Ahora, ya son 13 meses. Es el tiempo medio de espera para lograr una licencia de obra –ya sea nueva o una reforma– en Vigo, según un informe elaborado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi). Es decir: si está pensando en llevar a cabo alguna intervención de este tipo –ejecutar una entreplanta, instalar un ascensor, actuaciones en la fachada, ampliar el patio, reorganizar la cubierta para que evacúe mejor el agua, etc.–, deberá armarse de paciencia.

La olívica es la segunda ciudad gallega con el peor dato. Solo le supera Ourense, donde la demora se extiende hasta 18 meses de media. Son las dos únicas grandes localidades que no lograron reducir sus tiempos desde mayo del año pasado. Les siguen Ferrol –12 meses– y Lugo y Pontevedra –en ambas, 11–. Contrasta el dato de Vigo con el del otro polo de la economía de la comunidad, A Coruña: nueve meses, mismo tiempo que emplean los servicios urbanísticos en la capital, Santiago. En resumen: ninguna de las siete urbes cumple la recomendación de la ley estatal, que aconseja no superar los tres meses si se trata de obras mayores y un mes en el caso de obras menores.

Las causas principales de esta situación, según destaca el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias, son tres. Indica que los recursos humanos de los concellos “no suelen ser suficientes para asumir la carga de trabajo a la que se deben enfrentar”. “Además, son puestos con mucha rotación y, a veces, con limitada formación jurídica”, apostilla. Se suman la “excesiva burocratización del proceso, que incluye falta de coordinación entre estamentos y falta de organización en el proceso administrativo”, y la carencia “clamorosa” de digitalización para este proceso en las administraciones locales.

En el grupo de consecuencias derivadas de esta coyuntura, Benito Iglesias cita “notables retrasos en la puesta en marcha de las actividades económicas en un contexto muy complicado para las empresas”, lo que limita el crecimiento; y un “alto coste para las personas físicas o jurídicas que asumen elevados tipos de interés en la financiación para ejecutar las obras”.

Estos retrasos en la emisión de permisos también se traducen, como subraya la patronal, en un “sobreprecio para los compradores de viviendas en municipios con retrasos de más de un año en la concesión” y “menos recursos económicos en los concellos”, ya que “la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se retrasa o se anula a raíz de la tardanza”.

Benito Iglesias considera necesario “impulsar una transformación digital” para agilizar la tramitación de licencias y “reducir la burocracia urbanística a su mínima expresión”. “Es más que necesaria una ley de seguridad jurídica urbanística con rango estatal”, expone, a la vez que señala la importancia de crear un departamento en los ayuntamientos gallegos de más de 50.000 habitantes centrado en proyectos urbanísticos sostenibles, así como la urgencia de aprobar definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

"Hay que impulsar una transformación digital para agilizar la tramitación de licencias"

Benito Iglesias

— Presidente de Fegein y Asemi

Precisamente, el Concello remitió el pasado lunes el expediente de evaluación ambiental estratégica a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia para obtener la declaración ambiental estratégica, requisito imprescindible para poder validar de forma provisional este instrumento, clave para el desarrollo de Vigo. Al mismo tiempo, volvió a suspender el cómputo del plazo de vigencia del Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) con el objetivo de ampliar su efecto y, así, lograr “seguridad jurídica”.

Compromiso de la Xunta con el PXOM

La Xunta confirmó ayer a este periódico la recepción de esta documentación y avanzó que los técnicos la estudiarán “con profundidad y agilidad” para comprobar que está completa y, “si es así, dentro de los plazos legales, se emitirá una respuesta”. Promete, además, “actuar con mucha más celeridad que el gobierno local –ambas administraciones se acusan mutuamente de demorar la tramitación con fines electorales– para que Vigo cuente con una planificación urbanística plenamente en vigor”.

“Se hará todo lo necesario para que no decaigan en ningún caso las normas de ordenamiento provisional y la ciudad caiga en un peligroso vacío legal”, avanzan desde la Consellería de Medio Ambiente sobre una cuestión que preocupa mucho a empresarios y vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo