Entrevista | Óscar Vladimir Vallejo Torres Fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Vigo

“Hay que anticipar la protección a las víctimas de violencia de género y sexual”

“Debe generalizarse que estas mujeres estén apoyadas desde el primer momento y vayan acompañadas a los juicios: para eso se necesitan más psicólogos y trabajadores sociales”

Óscar Vladimir Vallejo Torres, en la sede de la Fiscalía de Área de Vigo en la Ciudad de la Justicia.

Óscar Vladimir Vallejo Torres, en la sede de la Fiscalía de Área de Vigo en la Ciudad de la Justicia. / Ricardo Grobas

Marta Fontán

Marta Fontán

El apoyo a las víctimas de delitos, especialmente de violencia de género, violencia sexual o trata de seres humanos, y la protección de los más vulnerables, como personas discapacitadas o menores, están entre las prioridades del nuevo fiscal jefe de la Fiscalía de Área de Vigo. Lo anticipó en su discurso de toma de posesión y habla de ello en profundidad en esta entrevista en la que también repasa cuáles son, a su juicio, las principales necesidades a nivel judicial en la ciudad y su área. Óscar Vladimir Vallejo Torres (Santiago de Compostela, 1975) acaba de cumplir tres semanas en el cargo. Casado y con dos hijos, este puesto lo compatibilizará con su pertenencia a la sección especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo y, aunque ya dejó de ejercer como fiscal en el partido judicial de Tui, seguirá llevando el caso Déborah, ya en su fase final y del que prefiere no pronunciarse por estar aún en instrucción judicial.

– Tras 11 años con Susana García-Baquero como fiscal jefe de Vigo, ¿cómo será esta nueva etapa que se acaba de abrir?

Estamos tan satisfechos con su trabajo que la línea será continuista. Hay prioridades en las que ya estamos trabajando y una es la tramitación y revisión de los expedientes [sobre la capacidad jurídica] de las personas con discapacidad. Desaparecen las incapacitaciones totales, para que las limitaciones a la capacidad sean las mínimas indispensables, así que hay que revisarlas todas y el plazo que dio la ley finaliza el 3 de septiembre. Teniendo en cuenta que hay personas incapacitadas desde hace 45 o 50 años, supone un gran volumen de trabajo para la Fiscalía y los juzgados, que están acelerando estos expedientes, con la dificultad de que el resto de la agenda de trabajo sigue ahí y no hay refuerzos para esta tarea. También estamos haciendo una labor casi pedagógica con las familias que vienen a la Fiscalía preguntando para incapacitar a familiares, de cara a explicarles el nuevo concepto de guarda de hecho y que no se necesitan medidas judiciales de apoyo cuando hay un familiar que se hace cargo de esa persona sin problemas. La nueva normativa de protección de menores relacionada con la violencia de género y la atención a las víctimas de violencia de género y otros delitos también son retos de esta etapa.

"Debemos completar las revisiones de todas las incapacidades, el plazo acaba el 3 de septiembre"

– ¿Es adecuada la atención que reciben en la actualidad a nivel judicial las víctimas de este tipo de delitos?

– Todo es mejorable. El problema es la escasez de medios. En la Ciudad de la Justicia de Vigo tenemos una oficina de atención a las víctimas, pero solo hay una psicóloga y una trabajadora social. Y la realidad es que es prioritario anticipar la protección a las víctimas de delitos como violencia de género, violencia sexual o trata de seres humanos desde un primer momento. A la propia Administración de Justicia le interesa anticipar esa atención, para que sus testimonios sean lo más precisos posible, y con ello lograremos además que las víctimas no vean el proceso judicial como un suplicio más.

– Para ofrecer esa asistencia se necesita más personal...

– Sí, se necesitan más profesionales para estar desde el principio con estas mujeres y generar un vínculo de confianza, para que las acompañen en los distintos pasos judiciales y para que el día del juicio no estén esperando en un pasillo, sino en instalaciones adecuadas y con la persona adecuada, con esa psicóloga con la que ya haya tenido entrevistas previas que le aporten tranquilidad y sosiego. Y para eso, como referí, es preciso más personal en la oficina de víctimas de la Ciudad de la Justicia. Y, como propuse en el plan de trabajo de mi candidatura, sería idóneo que en los partidos judiciales periféricos [Porriño, Ponteareas, Redondela y Tui también dependen de la Fiscalía de Área de Vigo] haya asimismo una psicóloga y una trabajadora social para esta labor, bien en cada uno de ellos o agrupándolos geográficamente.

El nuevo fiscal jefe de Vigo, en su despacho.

El nuevo fiscal jefe de Vigo, en su despacho. / Ricardo Grobas

"Necesitamos más funcionarios y otros dos fiscales; con la plantilla actual vamos justos"

– La mudanza a la Ciudad de la Justicia resolvió los eternos problemas de espacio de la Fiscalía. Pero, ¿hace falta más personal?

La plantilla es de 29 fiscales y 25 funcionarios. A finales de mes se incorporará otro funcionario, pero la ratio debería de ser de tantos funcionarios como fiscales. Necesitamos tres o cuatro más como exigencia actual. Es algo en lo que insistiremos siendo conscientes, eso sí, de la limitación presupuestaria y de que hay muchas demandas. En cuanto a fiscales, estaría bien tener dos más. Vamos un poco justos: cada vez que se abre un nuevo juzgado o nos dan nuevas atribuciones debemos ir repartiendo ese trabajo entre todos los que estamos al no contar con un nuevo fiscal para dicha labor. Y sobre nuevas especialidades en Fiscalía, ya está Patricia Andreu como fiscal de enlace en Vigo para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal y se iniciaron los trámites para designar al enlace en Derechos Humanos y Memoria Democrática.

"Nos preocupa que se perpetúen las conductas machistas entre los más jóvenes"

– ¿Qué delitos crecen?

– La violencia de género es uno de ellos. La mayor concienciación hace aflorar más casos y, paradójicamente pese a esa mayor concienciación, vemos con preocupación que este delito está presente en la juventud. Creíamos que se estaban desterrando, pero se perpetúan los mismos comportamientos de varones jóvenes machistas y de mujeres jóvenes que asumen modelos de sometimiento con naturalidad. También preocupa el alza de las agresiones sexuales, algo probablemente favorecido por la influencia de internet y el acceso de los jóvenes a la pornografía, así como por el hecho de que el concepto social y jurídico de agresión sexual creció: manoseos o besos inconsentidos, que antes eran delitos leves de coacciones y que en épocas pretéritas ni se castigaban penalmente, ahora se tipifican como agresión sexual. Y hay mucha violencia sexual intrafamiliar a menores, la que cometen padres o parejas de las madres de las víctimas, algo del todo execrable.

– ¿Y la cibercriminalidad?

– Es sin duda lo que más creció, las estafas en internet, con la dificultad de que estos fenómenos, tirando del hilo, nos llevan casi siempre a países extranjeros con los que es difícil obtener resultados de colaboración en la investigación.

– ¿Cómo va la digitalización de la Justicia?

– A nivel nacional y gallego hay varios ritmos de la implantación de la digitalización. Y la provincia de Pontevedra es pionera. A día de hoy los sistemas operativos con los que trabajan la Fiscalía y los juzgados, Fortuny y Minerva respectivamente, ya están vinculados. Eso nos permite tener aplicaciones informáticas con las que desde nuestro ordenador los fiscales podemos acceder a todos los procedimientos judiciales. Esto ha sido una gran revolución. ¿Cuáles son los retos ahora? Pues nuestra aplicación Fortuny va a ser sustituida por otra, Atenea, por lo que habrá un proceso de adaptación. Y el segundo reto es el nuevo impulso a la digitalización del Real Decreto 6/2023, que contempla salas virtuales, el impulso de las declaraciones por videoconferencia, sedes judiciales electrónicas, la carpeta de justicia para cada ciudadano... Son cambios que aún están en ciernes y hay que ver cómo nos adaptamos a ellos sin olvidarnos de garantizar la protección de datos y de disponer de herramientas adecuadas que nos protejan de ataques informáticos.

"Sería interesante tener una sección de la Audiencia específica para temas de Familia"

– La exfiscal jefe viguesa hizo hincapié en la sobrecarga del único juzgado vigués de violencia machista, ¿lo comparte?

– Efectivamente. Está muy bien tener un juzgado exclusivo, pero el volumen de trabajo del de Vigo es excesivo. Cada mañana se reciben demasiadas víctimas como para poder hacer una labor pausada y respetar los horarios laborales de los trabajadores. Sería idóneo contar con un segundo juzgado o al menos un refuerzo del actual. Y eso debe tener su reflejo en la Fiscalía. Porque en Vigo a día de hoy no nos podemos permitir que un solo fiscal asuma todo ese trabajo: varios fiscales atienden el día a día del juzgado y los procedimientos penales que derivan del mismo se reparten también. Antes decía que se necesitan dos fiscales más: pues uno vendría muy bien para este juzgado.

– ¿Qué más órganos judiciales se necesitan?

– Junto a otro juzgado de violencia de género, veo necesario también el segundo de lo Mercantil: es un desequilibrio que haya dos en Pontevedra y solo uno en Vigo con el volumen de casos que genera este área. También sería interesante otro magistrado para la sección penal de la Audiencia [la Sección Quinta] y se podría estudiar crear una sección específica de derecho de Familia: en Vigo hay tres juzgados de esta materia, que es muy específica y que además, por estar implicados menores, requiere de celeridad en su resolución. Y sin olvidarnos de las guardias de 24 horas para los juzgados de Instrucción, insisto en la necesidad de más personal en la oficina de la víctima y también en el Imelga, en este caso para hacer las evaluaciones psicosociales para decidir sobre el régimen de guarda y custodia más adecuado para los menores. Sufrimos dilaciones en estos informes que a veces superan los seis meses.

– Cuando uno quiere denunciar un delito puede ir a una sede policial, al juzgado y también a la Fiscalía. ¿Realizan muchas investigaciones penales?

– En el ámbito penal la investigación por parte del Ministerio Fiscal tiene una gran ventaja, nuestra especialización, pero también algunos inconvenientes. Solo tenemos un plazo de seis meses para nuestras diligencias de investigación y si queremos ampliarlo debemos pedir una prórroga. No podemos adoptar medidas de investigación que afecten a derechos fundamentales, como sí puede hacer un juez instructor. Me refiero a intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios o exigir una muestra de ADN. Y como no hay juez, nuestra investigación tiene mero valor de denuncia. Dicho esto, en la Fiscalía de Vigo recibimos unas 20 denuncias mensuales, vinculadas sobre todo a temas de corrupción política, urbanismo o prevaricación administrativa. Registramos también denuncias de otro tipo de delitos, pero el ciudadano ya se ha dado cuenta de que nuestra especialización nos hace idóneos para ciertos casos. Para un robo o una agresión sexual no aportamos un plus de conocimiento, por lo que ir directamente a comisaría o al juzgado quizá sea más conveniente. En relación con nuestra labor investigadora, tenemos una circular muy reciente que trata de regular como tiene que ser la investigación por parte del Ministerio Fiscal e incorpora todas las garantías y derechos que tienen los ciudadanos en el ámbito de la investigación judicial. Esto puede ser un buen punto de partida por si en el futuro la Fiscalía asume la instrucción de las causas penales. Para que exista ya un rodaje y las bases para que no se produzca una merma de derechos ni pérdida de eficiencia.

– Está claro que para que los fiscales asumiesen la instrucción de los delitos tendría que haber un gran cambio, un cambio de calado y a todos los niveles. ¿Considera que se llegará a producir y que están preparados para hacer esta labor de forma idónea?

– El ejemplo lo tenemos en los países de nuestro entorno, donde son los fiscales los que llevan la instrucción. Actuamos con imparcialidad, objetividad y sometidos a la ley, así que sí, podemos ser un instructor perfectamente válido. De hecho, ya lo vemos ahora: el Ministerio Fiscal no siempre acusa, solicitamos el archivo cuando consideramos que eso es lo que procede, a veces incluso en contra del criterio del propio juez. Así que no debemos ser sospechosos en ese sentido. El cambio, efectivamente, es de calado. Y todos los cambios necesitan financiación. Aquí implicaría cambios geográficos, a nivel de personal, de organización o de estructura, por lo que la decisión debe tomarse de forma sosegada y muy planificada. Pero es un cambio que debería hacerse y que al final tendrá que hacerse.

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