El precio del alquiler dispara los solicitantes de vivienda pública en Vigo: 80 más al mes

Existe una enorme –y creciente– necesidad de vivienda protegida en la ciudad: apenas se ha construido en los últimos años y los precios del alquiler y venta están por las nubes. Lo revelan los datos del Rexistro Único de Demandantes de Galicia, que engorda a diario. Actualmente, hay 6.510 personas inscritas: esperan por un piso o casa de promoción pública para emanciparse, dejar de dedicar gran parte del suelo a costear el techo o mejorar sus condiciones de vida. Más de la mitad quieren arrendamiento. Tres semanas atrás, sumaban 6.454: la cantidad crece a un ritmo de más de cinco personas cada dos días. Al mes, la cifra suma unos 80 ciudadanos.

Es lógico. El precio del alquiler es el segundo más alto de toda la serie histórica –9,4 euros el metro cuadrado de media–. Se lleva el oro el pasado mes de abril, cuando estaba a 9,5 euros. Un ligero descenso. A estos números, se añaden titánicas exigencias para convertirse en inquilino en Vigo: una buena nómina en gran cantidad de casos y el adelanto de más de una mensualidad. En el campo de la adquisición, más de lo mismo. Se piden, de media, 2.085 euros por metro cuadrado, la quinta cifra más elevada desde noviembre de 2012, solo superada, precisamente, por los meses inmediatamente anteriores, marzo, abril y mayo, y noviembre del año pasado.

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En un escenario con heridas por la inflación y la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado, algunos vecinos optan por anotarse en esta lista con la esperanza de conseguir acceso a una vivienda a un precio más asequible. Y es que la situación en la urbe es alarmante desde hace años: la cifra de demandantes es la más alta de toda Galicia, seis y tres veces más que Pontevedra y A Coruña, respectivamente. Y, visto el avance de los proyectos llamados a paliar esta escasez, tendrán que tener paciencia. Mucha paciencia.

Estas cifras oficiales no muestran la necesidad real: muchas personas desconocen esta opción u optan por rechazarla al constatar que la construcción de vivienda protegida por parte de las instituciones pública es mínima: algunos ejemplos son las 24 viviendas de la calle Canicouva o las 33 de Ignacio Grobas, construidas por el gobierno gallego. Según los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, solo se han registrado 454 compraventas en los últimos 10 años en Vigo. Suponen poco más del 2% de las 20.029 operaciones inmobiliarias totales, es decir, solo dos de cada 100 de las que se adquirieron fueron de protección.

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Según la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), el 24,4% de los hogares de la ciudad, esto es, cerca de 27.800 unidades familiares, ingresan menos de 18.000 euros anuales. Su esperanza para adquirir un piso o una casa pasa por probar suerte en las opciones a precio tasado. En el mercado de arrendamiento, lo mismo: un 7% de la población viguesa necesita recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler debido a su situación económica, es decir, casi 21.000 vecinos. Solamente 7.000 familias que residen de alquiler pueden optar al mercado de vivienda libre. “Queremos saber a qué se debe la paralización de licencias urbanísticas vinculadas a la ordenación provisional”, señala el presidente de Fegein y Asemi, Benito Iglesias.

San Paio de Navia y Plan Xeral

El proyecto de vivienda de promoción pública de más envergadura en Vigo es la ampliación del barrio de Navia, con unas 1.600. Gran parte de estos inmuebles serán levantados de forma directa por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el resto, por promotores privados, aunque serán viviendas protegidas en su totalidad. Precisamente, la Xunta licitó el pasado martes las obras de construcción de 38 viviendas en este régimen en la primera fase de la intervención por cerca de 7,2 millones de euros.

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La gran esperanza para la vivienda de protección viene de la mano de la revisión del PXOM, que exige a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida –12 puntos más con respecto al límite legal– y recoge un plan de choque con unos 14.500 pisos y casas a precio tasado. Contempla cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de viviendas protegidas: en Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; en Guixar, más de 600; en Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; en Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y en el ofimático, más de 1.600.

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