Hace falta vivienda protegida en Vigo. Y mucha. Según los cálculos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) y la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi), el 27% de los hogares de la ciudad, es decir, más de 32.000 unidades familiares, ingresan menos de 18.000 euros anuales. Su esperanza para adquirir un piso o una casa pasa por probar suerte en las opciones a precio tasado. En el mercado de arrendamiento, más de lo mismo: un 7% de la población viguesa necesita recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler debido a su situación económica, es decir, casi 21.000 vecinos. “Solamente 7.000 familias que viven de alquiler pueden optar al mercado de vivienda libre”, apostilla el presidente de ambas entidades, Benito Iglesias.
Son números que se alejan de la cifra oficial, pero radiografían la situación real. En el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia, constan casi 6.000 personas –algunas están apuntados a compra y alquiler, otras se apuntan a compra, pero son derivadas al alquiler porque no llegan al mínimo del IPREM–. No hay más por desconocimiento y por falta de avances en la construcción de viviendas de protección, una asignatura pendiente en la ciudad más poblada de Galicia.
“La situación en la que está la vivienda de protección oficial en la ciudad es uno de los negativos efectos colaterales del no entendimiento y diálogo entre administraciones, así como la burocracia administrativa. Vigo necesita urgentemente más de 12.000 viviendas de protección oficial para poner a disposición de sus propios habitantes como plan de choque. El 42,85% de los hogares llegan con dificultades a fin de mes y un 88% de los jóvenes de menos de 29 años no se pueden emancipar”, reflexiona Benito Iglesias.
En el horizonte, la primera actuación de vivienda de protección que se ve es el desarrollo de San Paio de Navia, por la que el barrio (y todo el municipio) espera desde hace años. En septiembre, el gobierno gallego informó que recibió 16 ofertas para las obras de urbanización del polígono 1. “Estamos en proceso de resolución”, informan desde la Delegación de la Xunta. La obra fue licitada el pasado 22 de julio por un importe de 14,3 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 29 meses. Se hará cargo de la inversión el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
En esta primera fase, están proyectadas un total de 733 viviendas protegidas, de las 1.600 previstas en toda la ampliación, cuyas obras se podrán ir acompasando a las actuaciones de urbanización. 207 de las 733 serán viviendas de promoción pública construidas directamente por el gobierno gallego, que ya licitó la redacción de los proyectos y la dirección de obra; 331 serán levantadas por cooperativas y promotores, y 195 corresponderán a las permutas de suelo. No obstante, la urbanización y las obras de construcción “no se podrán adjudicar hasta que el Concello apruebe definitivamente el proyecto de urbanización del polígono 1”, destaca la administración autonómica.
Los tres polígonos que componen la ampliación del suelo residencial de San Paio de Navia abarcan una superficie total de 265.000 metros cuadrados. Se prevé realizar una inversión público-privada de 250 millones de euros con el objetivo de habilitar unas 1.600 nuevas viviendas protegidas. En los polígonos 2 y 3, también se construirán viviendas de promoción pública, cuyo número se determinará conforme avancen las obras de urbanización.
El Concello, al respecto del polígono 1, aprobado inicialmente y con la fase de exposición al público finalizada, asegura que el pasado 10 de agosto le trasladó al IGVS las alegaciones presentadas y los informes sectoriales, por lo que está “a la espera” de que remita de vuelta un informe de contestación de alegaciones y el proyecto de urbanización refundido para su aprobación definitiva. Misma situación describe para el polígono 2B. El polígono 2, aprobado inicialmente por parte de la Junta de Gobierno Local el pasado 14 de julio, está en exposición pública hasta el próximo 27 de octubre.
Sobre el polígono 3, el Concello indica que está “pendiente de que el IGVS presente documentación complementaria para la aprobación inicial del proyecto de urbanización”. Añade que, en relación al proyecto de reparaciones de las calles no recibidas en fases anteriores, está “pendiente de la presentación del proyecto y de la ejecución de las obras en estado deficiente desde el año 2008”.
El gran paquete de vivienda protegida lo traerá bajo el brazo la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El documento exige a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida y recoge un plan de choque con unas más de 14.500 viviendas. Prevé la ejecución de cinco ámbitos de suelo dedicados íntegramente a la construcción de viviendas protegidas: en Santa Cristina-parque central de servicios, más de 200; en Guixar, más de 600; en Santa Cristina-Severino Cobas, más de 710; en Cantabria-Ramón Nieto, más de 700; y en el ofimático, más de 1.600.
Más de un 42% de hogares llegan con dificultades a fin de mes
El informe de Fegein y Asemi señala que el 42,85% de los hogares vigueses llegan con dificultades a fin de mes. “Esta cifra sube poco a poco: seguramente, a finales del último trimestre, sobrepase el 46%”, detalla Benito Iglesias. El documento indica que 68.200 unidades familiares viguesas ingresan menos de 30.000 euros al año, por lo que su acceso a una vivienda en propiedad del mercado libre es prácticamente imposible.
La luz al final del túnel la emiten la ampliación de Navia y el nuevo Plan Xeral. En lo referido al documento urbanístico, el problema está claro: llevar del papel a la realidad los proyectos que define llevará su tiempo. La previsión anunciada por la concejal de e Urbanismo, María José Caride, es que la revisión del PXOM consiga su aprobación definitiva a finales de 2023. El documento está pensado para los próximos 15 años, por lo que las inversiones que recoge se prevén a medio y largo plazo. Con todo, en una entrevista concedida a FARO a finales del pasado mes de mayo, la edila aseguraba que la construcción de vivienda protegida será una “prioridad” para el gobierno local.
