Propietarios de pisos en Vigo dejan de alquilar a empleados y pensionistas que no llegan al SMI

Ya quedan pocas dudas de que el mercado del alquiler de Vigo está en el momento más convulso de su historia. Es algo que reconocen ya además todas las partes implicadas, desde los inquilinos hasta las inmobiliarias, pasando por los propios dueños de las viviendas. Todo ello además en el marco de la inminente aprobación, si finalmente el Gobierno de coalición se pone de acuerdo, de la ley de vivienda. Los propietarios de pisos, apartamentos y casas están endureciendo cada vez más las condiciones para los potenciales inquilinos. Sin ir más lejos, tal y como explica Antonio Carballeda, gerente de la inmobiliaria viguesa Best House, una de las que más viviendas tiene en cartera, la mayoría de caseros de Vigo vetan a pensionistas y trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, que en la actualidad está en los 1.080 euros, porque esa nómina o esa pensión no se puede embargar en caso de que esos inquilinos acaben debiendo dinero.

“Es una realidad triste pero es lo que está sucediendo en Vigo ahora mismo. A las personas que cobran menos que el salario mínimo se les considera vulnerables y no se les puede confiscar sus ingresos si acumulan deudas. Tienen que aportar más garantías, y muchos de ellos no pueden”, explica Carballeda. En muchos casos, precisamente, para que estas personas puedan acceder a una vivienda, tienen que firmar los contratos como inquilinos sus padres o sus hijos, si tienen unos ingresos superiores y si están dispuestos a avalar.

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La restricción no se está aplicando además únicamente a pensionistas o trabajadores con ingresos por debajo de los 1.080 euros que quieren mudarse en solitario a un piso de alquiler. Y es que si ninguno de los miembros de una pareja o matrimonio que quiere conseguir un piso tiene una pensión o nómina superior al salario mínimo, muchos propietarios deciden también vetarlos porque ninguno de esos ingresos es embargable por separado al no superar esa cantidad. “Todo se resume en una cosa: el miedo a que si los inquilinos deben algo, no puedan pagarlo”, explica Antonio Carballeda, que apunta además que estas personas con ingresos bajos no cumplirían las condiciones para firmar los ya habituales seguros de impago.

“Es triste pero todo se resume en una cosa: el miedo a que si los inquilinos deben algo, no puedan pagarlo”

Antonio Carballeda

— Gerente de la inmobiliaria Best House

Es un paso más en el endurecimiento de las condiciones del acceso del alquiler. Las inmobiliarias explican que los propietarios de las viviendas están “muy nerviosos” por la nueva ley de vivienda que denuncian que va a “dificultar los desahucios por impagos y a favorecer a los okupas”. Por eso los dueños de los pisos, entre otras cosas, se están negando a bajar el precio de los alquileres y muchos de ellos incluso están pasando sus inmuebles al mercado de los apartamentos turísticos y vacacionales, no solo para sacar un mayor beneficio económico, sino también porque es un ámbito mucho menos regulado que el convencional. Esto provoca que los precios por tanto no estén cayendo, que la oferta se esté reduciendo y que por tanto el mercado se esté tensionando, pues la demanda de pisos de alquiler es enorme hasta el punto de que algunos de ellos “vuelan” en horas, al poco de anunciarse en los principales portales inmobiliarios de Internet.

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Tampoco padres separados

Otra de las principales novedades de los últimos tiempos es el veto que muchos propietarios están ejerciendo sobre las familias con niños. En primer lugar, precisamente, porque consideran que una pareja con dos hijos por ejemplo tiene unos gastos mucho mayores. Y relacionado precisamente con el tema económico, ese veto se debe también a que los propietarios temen que, si finalmente deben iniciar un proceso de desahucio por impagos continuados de la renta mensual, al haber niños en la unidad familiar el proceso es mucho más complicado. En el momento de la ejecución del lanzamiento judicial, si el inquilino no quiere salir de la vivienda, los miembros del juzgado pueden pedir ayuda de la policía, y en caso de haber menores de edad, se concede un plazo de 1-2 semanas para que se desaloje la vivienda.

A las personas separadas con hijos también les está costando, y mucho, encontrar una vivienda en alquiler en la que poder alojarse. Hay que tener en cuenta que, por lo general, además de pagar la renta mensual, deben abonar una pensión a la otra persona por el cuidado del niño, además del resto de gastos. Por tanto, los propietarios también temen impagos de este tipo de perfil de inquilinos.

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