La lucha judicial de las mujeres de Animosa contra Instagram

Con un activo perfil de empresa en Instagram que sumaba más de 20.000 seguidores, Animosa, una marca de moda y papelería gallega inspirada en grandes mujeres de la historia, sufría un duro revés el 10 de noviembre de 2021. Esa cuenta, uno de sus principales puntos de negocio, era hackeada por unos ciberestafadores que, a cambio de liberarla, pedían un rescate económico.

Por supuesto no pagaron. Tras la denuncia policial, contrataron a una empresa especializada para intentar recuperar el perfil, pero la red social no les dio solución alguna. No les quedó más remedio que, dos meses después, empezar de cero y abrir una nueva cuenta pero, por el camino, sufrieron una fuerte caída en ventas al coincidir el contratiempo con una de las épocas más fuertes del año: Black Friday y Navidad.

Pleito contra Meta

Este caso es ahora actualidad porque el Juzgado de Primera Instancia 4 de Vigo acaba de admitir a trámite el pleito de esta marca contra Instagram, concretamente contra Meta, empresa matriz de esta red social, así como de Facebook o WhatsApp. El juez lo hizo en una resolución dictada el 17 de marzo en la que da traslado al gigante empresarial para que conteste a la demanda. Animosa reclama 10.482 euros –además de intereses– por lucro cesante por la minoración de ventas sufrida aquellas navidades, así como por publicidad.

“No actuamos solo por dinero. Poco les importamos las pequeñas empresas a los gigantes de internet y eso no puede seguir así. Queremos crear referente, que la gente sepa que luchar contra las injusticias sí es posible”, dice Lara Monterde, community manager de Animosa, formada casi en su totalidad por mujeres.

Aún hoy, expone, no han logrado recuperar la comunidad online que tenían, ya que su cifra de seguidores actual es de 7.300 personas, menos de la mitad que en 2021. La abogada que los representa, Andrea Mendiola, explica que uno de los retos del caso es la falta de jurisprudencia, pero confía en que este caso “abra la puerta” a más demandas en España contra este tipo de actuaciones de los grandes emporios de internet.

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