La huelga ralentiza la justicia también en Vigo y bloquea el pago de indemnizaciones, pensiones o deudas

Los letrados de la Administración de Justicia han dicho basta. Tras un goteo de huelgas que se limitaban a una jornada laboral, esta semana iniciaron un paro indefinido. ¿El motivo? La falta “absoluta” de respuestas del Ministerio de Justicia a un problema “histórico” que arrastran desde hace más de una década –cuando empezaron a asumir más funciones y responsabilidades sin la “correspondiente” adecuación salarial– explica el escenario actual. Convocado a nivel nacional, el paro en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra ha tenido durante estos tres primeros días un seguimiento de un 50%, por debajo de la media de Galicia, en donde la cifra sube al 60% por la mayor participación que ha habido en las otras tres provincias gallegas. Entre el martes y ayer en la ciudad olívica se suspendieron unos 180 juicios, lo que se traduce en el 35% del total que se debería haber celebrado durante estas tres mañanas. Pero la protesta de estos profesionales afecta a muchas más diligencias y trámites que también se han paralizado, como tomas de declaraciones, conciliaciones, otorgación de poderes o mandamientos de pago.

Casi 200 diligencias, declaraciones y juicios suspendidos en Vigo por la huelga

Toda huelga indefinida es un reto y, por ahora, los letrados judiciales vigueses que han decidido secundar la protesta mantienen el pulso. “Estamos muy contentos con el seguimiento”, valoraba ayer Juan José Yáñez, letrado judicial en Vigo perteneciente a una de las asociaciones convocantes –UPSJ– y con un papel muy destacado en esta lucha ya que es el portavoz del comité nacional de huelga. Consciente de que el paro está derivando en suspensiones de juicios y de otro tipo de diligencias, culpa de este perjuicio al Ministerio de Justicia, que lejos de dialogar, denuncia, hace alarde de declaraciones públicas en las que “insultan” y “faltan al respeto” a los letrados judiciales.

Dinero parado

Entre los múltiples trámites bloqueados en los juzgados cuyos letrados se han unido al paro están los mandamientos de pago. La cuestión no es baladí. De estos documentos oficiales que forman parte del día a día depende la entrega de indemnizaciones a víctimas de delitos, de pensiones alimenticias en procesos civiles o de cantidades adeudadas en cualquier tipo de causa judicial. Aquí entran en juego también cantidades monetarias embargadas o de subastas judiciales, así como los importes de las fianzas o los depósitos para recurrir. Y también el dinero destinado al Tesoro Público, como las multas impuestas en sentencias o los decomisos. Los que derivan de los procedimientos de drogas van a un fondo nacional contra la drogadicción.

“Estamos muy contentos con el seguimiento”, valora Juan José Yáñez, letrado judicial en Vigo y portavoz del comité nacional de huelga

“Las cantidades a entregar pueden ser para particulares, trabajadores en la jurisdicción social, empresas o administraciones públicas, por lo que esto tiene una gran repercusión en la economía”, advierte Yáñez sobre esta cuestión.

Cuando acabe la huelga –su final todavía no se vislumbra– todos los juicios suspendidos y los trámites que a día de hoy están bloqueados deberán ponerse al día. En Galicia, explican los convocantes, la previsión es que sean citados a una reunión por el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ya que, pese a que ellos no dependen de la Xunta, la huelga acabará también teniendo repercusión en los funcionarios, que sí son competencia del gobierno autonómico, y, cuando el paro llegue a su fin, podría ser necesario que tuviesen que acordarse “prolongaciones de jornada para ellos” para poder poner todo el trabajo atrasado al día.

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