Más de 80 extrabajadores de Alfageme inician la lucha para cobrar el dinero que se les adeuda

Junto a personarse como acreedores en el proceso judicial concursal de la antigua conservera que quebró en 2010, piden reunirse con el alcalde por las plusvalías prometidas por la recalificación del terreno de la factoría de Bouzas

Más de una treintena de extrabajadores de Bernardo Alfageme,
ayer, ante la antigua factoría de Bouzas.   | // R. GROBAS

Más de una treintena de extrabajadores de Bernardo Alfageme, ayer, ante la antigua factoría de Bouzas. | // R. GROBAS / m. fontán

Marta Fontán

Marta Fontán

Casi 13 años después del cierre de la que fue una de las empresas conserveras más importantes de la historia de Galicia, un amplio grupo de extrabajadores de Bernardo Alfageme acaban de dar inicio a una lucha para reclamar lo que les corresponde como compensación económica por la extinción de la que en su día fue una próspera y emblemática industria viguesa. La batalla la empiezan 85 antiguos empleados que, representados por el abogado Tomás Santodomingo, actuarán en dos frentes.

El primero será el de tener voz en la decisión urbanística que se adopte en relación con la parcela donde está la que fue la joya de la antigua conservera, la factoría ubicada en el barrio vigués de Bouzas, así como que las plusvalías que se generen por la recalificación de los terrenos pasen a sus manos, como se comprometió el pleno del Concello en marzo de 2010 por unanimidad de todos los miembros de la corporación.

Y el segundo frente será el de personarse como acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, donde todavía sigue abierto el largo y complejo proceso concursal en el que en 2010 entró esta ya desaparecida empresa centenaria, en este caso para reclamar las deudas laborales que todavía no se han saldado, que se cifran en, aproximadamente, seis millones de euros.

“Bernardo Alfageme echó el cierre en 2010 y, a día de hoy, los trabajadores solo cobraron lo recibido del Fogasa; estamos ante la lucha de un amplio grupo de antiguos empleados de una empresa histórica para conseguir las indemnizaciones laborales que no recibieron y a las que tienen derecho; al final, como ocurre muchas veces, ellos, los trabajadores, fueron los únicos que pagaron el pato”, afirma Tomás Santodomingo. El letrado avanza que la cifra actual de 85 exempleados de la conservera a los que ya representa aumentará ya que hay más afectados –o sus herederos– que se unirán a esta acción que, vaticina el letrado, será “compleja” aunque debería tener un final exitoso: “Por algo tan simple como que les asiste la razón, por lo que espero que se les satisfagan las deudas”.

Tomás Santodomingo: “Queremos reunirnos con el alcalde para buscar una solución; que se cuente con los trabajadores para la decisión urbanística que se adopte"

Los extrabajadores han comenzado a mover ficha. Además de los trámites en marcha para personarse en el proceso judicial concursal, a través de su abogado acaban de remitir un escrito al alcalde, Abel Caballero, firmado por todos ellos, en relación con los planes urbanísticos en marcha para el suelo de Tomás A. Alonso donde está la antigua factoría proyectada en 1928 por el arquitecto Manuel Gómez Román. Concretamente, piden que el regidor los reciba ya que, estando en trámite el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), consideran que “procede que los trabajadores firmantes conozcan de forma directa como se pretende concretarse por el Ayuntamiento la materialización de las plusvalías prometidas, más aún sabiendo que ni siquiera han percibido de forma íntegra las cantidades que por sus despidos y salarios no abonados les adeuda su antigua empleadora”.

“En la calle”

Para entender esta solicitud hay que remontarse al 22 de marzo de 2010, cuando el pleno vigués, presidido por Caballero, aprobó por unanimidad, con los votos favorables de los concejales de PSOE, PP y BNG presentes, que, ante el incumplimiento de los entonces dueños de Alfageme de construir una nueva planta en Vigo, se aprobaba que las plusvalías que se generasen en la parcela dedicada a la misma pasasen “a la propiedad y derecho” de los trabajadores que estaban entonces en el cuadro de personal. En ese momento, según el acuerdo plenario, esas plusvalías se cifraban en 26 millones de euros, como se desprendía del informe jurídico sobre las determinaciones del plan general para el ámbito A-3-21 Alfageme.

Tras ese pleno, la empresa cerró y los trabajadores, describe gráficamente Santodomingo, “acabaron en la calle”. A día de hoy los planes urbanísticos para el ámbito de la conservera cambiaron: incluyendo el mantenimiento de la emblemática nave de piedra insignia del patrimonio industrial vigués, la propuesta pasaría porque Alfageme reviva con pisos y uso público, reduciéndose la edificabilidad propuesta en 2008 a menos de 8.000 metros cuadrados. “Queremos reunirnos con el alcalde para buscar una solución; que se cuente con los trabajadores para la decisión urbanística que se adopte, como se aprobó en su día, y que se les reconozca el derecho a las plusvalías que se generen, como contempla el mismo acuerdo plenario”, concluye el abogado que se ha hecho cargo del caso.

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Con sus diferencias, la batalla que acaban de emprender los extrabajadores de Bernardo Alfageme guarda también similitudes con la que protagonizaron antiguos empleados de otra empresa histórica de Vigo, <strong>el Grupo de Empresas Álvarez (GEA)</strong>, con la particularidad, además, que unos y otros están representados por el mismo abogado. Y es que, en este pasado 2022, los casi 200 extrabajadores de Álvarez que llevaban años y años pleiteando en varios frentes para cobrar el dinero que se les adeudaba por la cesión en 2002 de parte de los terrenos de Cabral y Coruxo –concretamente del 22,07% de dichas fincas– donde se alzaron las fábricas de cerámica <strong>recibieron por fin las cantidades que se les adeudaban.</strong> Aunque los demandantes ya tienen en sus manos ese dinero, lo que sigue en marcha es el concurso de acreedores de Naerama Group S.L., propietaria de dichas parcelas. La jueza aprobó a finales del pasado año el plan de liquidación que contempla la venta de los terrenos, valorados en cuatro millones de euros.

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