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Stellantis doblará su demanda eléctrica antes de 2030 por la descarbonización de procesos

La empresa negocia con los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda mejores condiciones para invertir y mantener actividad y empleo

Vista general de las plantas de Stellantis y GKN Driveline, ambas afectadas por los huecos de tensión en la red de 132 kilovoltios. Marta G. Brea

El principal argumento esgrimido por el Ministerio de Transición Ecológica para negar el enganche de la planta de Stellantis a la red de Muy Alta Tensión (MAT) está a punto de caducar. El departamento que pilota Teresa Ribera fundamenta su no en que la demanda de electricidad de la factoría viguesa no llega al mínimo exigido para acceder a las inversiones de Red Eléctrica de España (REE), y es cierto: las necesidades de demanda del centro rondan hoy los 25-30 MW y ese mínimo son 50. Pero la descarbonización de procesos, el incremento de la actividad con nuevas instalaciones para estampación en caliente, inyección de plásticos y el nuevo taller de baterías, y la carga de vehículos eléctricos (cada vez suponen un mayor porcentaje de la producción total de Balaídos) elevarán el consumo de la factoría hasta los 56 MW mucho antes de 2030.

Esta previsión centra la nueva propuesta que la Xunta ha enviado hace unas semanas al ministerio para que la tenga en cuenta en la revisión de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026, después de que Transición Ecológica se abriese a introducir cambios cada año. La principal subida de la demanda eléctrica en Balaídos vendrá por la vía de la descarbonización. La factoría sigue consumiendo gas natural en procesos de acondicionado de naves, preparación del aire en las cabinas de pintura y para la generación de calor para los hornos de curado. Y la idea es sustituir el gas por energía eléctrica de origen renovable. Este cambio aumentará el consumo eléctrico del centro en otros 20 MW.

A la descarbonización de los procesos productivos, Stellantis suma el incremento de la actividad con nuevas instalaciones para la estampación en caliente, la inyección de plásticos y el nuevo taller de montaje de baterías para coches eléctricos (ya en construcción), que añadirán otros 7 MW a la demanda global del complejo. Y a mayores, la empresa prevé 4 MW más por el simple hecho de que cada año un mayor porcentaje de los coches que se fabrican en Vigo son eléctricos, y por tanto, hay que cargarlos antes de expedirlos. Hay que tener en cuenta que el grupo quiere que en 2030 toda su producción en Europa sea 100% eléctrica.

¿Aguantará la actual red de 132 kilovoltios esta sobredemanda del polígono de Balaídos? Desde la empresa y la Xunta son tajantes en la respuesta: no. Si ya no aguanta ahora con un consumo de entre 25 y 30 MW cada vez que hay tormenta, cuando se provocan huecos de tensión que obligan a parar la producción y a perder cientos de coches, además de generar averías en los talleres y en los sistemas informáticos, mucho menos con más del doble de demanda. Por eso el enganche de Vigo a la red de Atios-Pazos que atraviesa Porriño, de 220 kV, se considera imprescindible.

En juego está la competitividad de la primera fábrica de coches de España, de la que dependen más de 7.000 empleos directos y cabeza tractora del sector en la Eurorregión. La empresa solicitó por primera vez su conexión a la red de MAT en 2013 y desde entonces ha invertido cientos de millones en intentar paliar el efecto de los huecos de tensión en su actividad. Resolver esta demanda histórica vuelve a la mesa del Ministerio, donde solo ha recibido rechazos desde 2019.

Una pelea a tres bandas en Madrid para despejar el futuro del sector en Galicia

La empresa negocia con los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda mejores condiciones para invertir y mantener actividad y empleo

La de Stellantis en Madrid es una pelea a tres bandas para despejar su continuidad en Vigo y, por extensión, el mantenimiento de toda la industria de automoción asentada en el sur de Galicia y el norte de Portugal. Mientras en otros países los gobiernos ponen la alfombra roja al hoy por hoy cuarto mayor fabricante de vehículos del mundo para atraer inversiones y crear puestos de trabajo, en Madrid el grupo tiene que negociar hasta en tres ministerios diferentes (Transición Ecológica, Industria y Hacienda) para conseguir unas mejores condiciones que aseguren la llegada de nuevos proyectos.

De Transición Ecológica depende que la primera factoría del país logre un suministro eléctrico fiable, poniendo de una vez fin a los huecos de tensión que obligan a parar la producción no solo en Stellantis sino también en otras plantas de automoción como la de GKN Driveline, y de paso, contribuyendo a abaratar la factura eléctrica. La de Balaídos es la única gran planta europea sin enganche a una red de Muy Alta Tensión (MAT), por lo que compite en inferioridad de condiciones con otras fábricas del dispositivo industrial de Stellantis, lo que a la hora de asignar modelos puede ser determinante.

Tan importante o más que la Alta Tensión es el acceso del centro gallego a las ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) tras el fiasco de la primera convocatoria. Empresa y Ministerio de Industria, con la mediación de la Xunta, trabajan en un nuevo esquema de ayudas que permitan recibir los 200 millones de euros que Balaídos precisa para que el grupo le asigne una nueva plataforma industrial eléctrica, que sumará una inversión global de más de 600 millones de euros, y sin la cual la factoría viguesa se arriesga a perder una de sus dos líneas de producción y miles de empleos y a quedar herida de muerte para optar a cualquier otro proyecto de futuro.

Y en paralelo, Stellantis aspira a que Zona Franca le rebaje más las tasas y el canon que anualmente paga por el alquiler de las instalaciones y su actividad productiva (cuanto más fabrica, más paga), lo que en última instancia depende del Ministerio de Hacienda. La empresa quiere rebajar sus costes fijos y entiende que tiene derecho al ser la principal fuente de ingresos del Consorcio, por el canon, los alquileres y el llamado recurso financiero (parte de lo que la empresa paga por el Impuesto de Sociedades revierte en la Zona Franca). 

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