Una de las demandas más urgentes de la industria viguesa ha encontrado en Youtube a un inesperado pero potente aliado. JF Calero, uno de los analistas más reconocidos en la red social en materia de automoción y energía, dedicaba a la conexión de alta tensión reclamada por Stellantis su último vídeo.

Con el sugerente título de "La ciudad de las luces de Navidad tiene un grave problema con la luz", el comunicador ponía sobre la mesa la disputa entre el Ministerio de Transición Ecológica y el de Industria sobre la planificación de la red eléctrica en la ciudad, denunciando que en este momento “se está poniendo en riesgo la planta más productiva de Europa por una cuestión puramente política”.

El vídeo subido a su canal del “Cascarón de Nuez” suma cerca de 70.000 visitas en unas horas, causando un gran impacto al ser el primero de una sección llamada “La Excepción Ibérica” en la que abordará historias de ciudades de la Península.

Durante diez minutos, el youtuber enumera los motivos esgrimidos por el fabricante de coches para mudar la red actual de 132 Kv a una de 220 Kv que evitara las caídas de tensión; una postura defendida también por la ministra Reyes Maroto pero que choca con la planificación propuesta por Teresa Ribera hasta 2028.

Cada año la factoría tiene hasta 60 paradas de producción de media por estos microcortes en el suministro eléctrico, lo que obliga a reiniciar todos los sistemas y robots durante varias horas.

Según los datos de la planta, cada una de estas paradas supone una pérdida de 200 vehículos producidos, lo que a finales de año se traduce en varios millones de euros de pérdidas.

A pesar de no poder visitar la antigua Citroën por los cambios tecnológicos que se están produciendo en ella sí que puso en valor los adornos navideños que ya decoraban a finales de octubre las luces de la ciudad.

Al mismo tiempo, apuntaba al incremento del consumo energético de los próximos años con los nuevos vehículos.

Calero suma más de 46 millones de reproducciones en su canal y 344.000 suscriptores. En los últimos meses ha abordado los efectos de la invasión rusa de Ucrania sobre el precio de la luz; incluyendo el problema de las nucleares en Francia, el gasoducto entre España e Italia o las fugas del Nord Stream.

En su día también adquirió fama gracias al portal Carwow en el que pone a prueba varios coches.

Apuesta por las renovables

Durante su vídeo también ponía en valor la inversión anunciada por Stellantis para dotar de 27.000 paneles solares los techos de la factoría, lo que supondrá una producción de 19 megavatios de potencia que permitirá cubrir como máximo el 14% de sus necesidades anuales.

Sobre el futuro de la factoría aseguraba que “si nadie lo remedia seguirá dependiendo de los caprichos de los políticos”, asegurando que estos se rigen por cualquier principio “menos el de la lógica”.

Una excepción que Cataluña sí logró en las mismas condiciones

Moncloa autorizó la Alta Tensión a un laboratorio catalán en 2009 que tampoco reunía las condiciones para su enganche. El Gobierno, por aquel entonces capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó una conexión de 220 kilovoltios (la misma potencia que reclama Stellantis desde 2013) al laboratorio de luz Sincrotrón Alba en Barcelona, una decisión que se justificó entonces por la necesidad de un suministro eléctrico de alta calidad y fiabilidad, pese a que la potencia de suministro a demanda era en este caso muy inferior a la que exigía el Ministerio para autorizar este tipo de infraestructuras.

El caso es similar al de Vigo. Stellantis necesita una mayor fiabilidad en el suministro porque la red actual de distribución que llega a Vigo, de 132 kV, no es capaz de evitar unos huecos de tensión en épocas de tormenta que provocan graves daños en la planta, un problema que se resolvería con el enganche a la red MAT de Atios-Pazos.

El argumento usado por el Gobierno para retrasar primero, y luego retirar del programa de REE, el enganche vigués a la MAT es que la potencia que consume el polígono no llega al mínimo exigido en este tipo de infraestructuras, lo que requiere de una “excepcionalidad” que debe ser aprobada por el Consejo de Ministros.