El cierre obligado intermitente y los cambios de horarios continuados que ha experimentado el sector hostelero desde la declaración del estado de alarma, en marzo de 2020, no puede quedar impune. Al menos así lo entienden un grupo de hosteleros del área, que ya han cursado la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial a la Consellería de Sanidade, por ser la administración que emitió las normas de aplicación durante la pandemia, aunque el estado de alarma lo decretase la Administración del Estado.
La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra ha confiado en el despacho vigués Calixto Escariz abogados para aglutinar las demandas, que solo en esta ciudad alcanzan el medio centenar. Según explican desde el bufete, no se trata de una reclamación colectiva. “Se tramitan de forma conjunta pero son individuales. Hay tantas reclamaciones como afectados”, indican. Por lo que el número total podría superar el centenar en el área viguesa.
La tesis que defienden los reclamantes es que tanto las resoluciones de cierre, como las limitaciones de horarios y de aforos –vigentes hasta hace dos semanas– supusieron una limitación para el ejercicio de sus actividades profesionales y tuvieron, como consecuencia, una serie de daños. En estas reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se empezaron a presentar en primavera de 2021, pero a las que aún se van sumando afectados poco a poco, se está reclamando todos los daños de 2020 desde marzo. “Los de 2021 serán objeto de nuevas reclamaciones”, avisan desde Calixto Escariz abogados.
Los hosteleros reclaman los daños económicos en base a una documentación oficial que se aporta, como las cuentas registradas en años anteriores. “Se solicita una indemnización, que se cuantifica con lo que los empresarios han dejado de percibir por esa situación”, indica uno de los abogados responsables de la causa. “Parece claro que a esta gente se le ha causado un daño y la Administración tiene la obligación de indemnizar todos los daños que causa a un ciudadano”, detalla el letrado.
Las cuantías que se reclaman son muy variadas, en función del tipo de establecimiento, su tamaño, y, en consecuencia su facturación. No es lo mismo lo que puede reclamar una cafetería, que igual dejó de facturar 20.000 euros, que un gran hotel, que serían millones, según argumentan desde el despacho de abogados.
En estos momentos los procedimientos han sido iniciados, según ya informó la Administración autonómica en una primera respuesta. Y ya ha sido nombrado un instructor, quien se encuentra en una fase de recopilación de los informes propios. Durante este momento del procedimiento y hasta que no recabe la totalidad de los informes se suspenden los plazos de resolución, que es de seis meses. Sin embargo, con esta suspensión, la respuesta podría tardar hasta nueve meses. En cualquier caso, como la mayoría de las reclamaciones fueron presentadas entre marzo y abril de este año, a finales de este 2021 debería haber una respuesta por la Xunta.
Según explican desde el despacho de abogados, la reclamación de responsabilidad patrimonial es un paso previo, antes de presentar una demanda y tener que llegar a un contencioso-administrativo.
Los seguros no cubren COVID
Parece lógico pensar que a los primeros que habría que reclamar los daños imprevistos sería a la compañía aseguradora, que en sus pólizas suelen contemplar alguna cláusula de suspensiones de actividad. Pero, tras analizar muchas de las pólizas de los hosteleros, los abogados concluyeron que no habría mucho que hacer en ese caso, porque el COVID no es uno de los “eventos asegurados”, según indican desde Calixto Escariz.
También desde el Instituto Atlántico del Seguro (Inade) explican que en España el lucro cesante se paga si hay daño material y el COVID no genera daños materiales. “Las pólizas de seguros normalmente cubren daños materiales por lo que no tienen por qué reclamar al seguro. Es una tarea administrativa puesto que ha sido el Estado el que ordenó el cierre”, argumenta Adolfo Campos, director del Inade. Campos informa de que apenas tiene conocimiento de tres casos en toda España donde el juez ha dado la razón a hosteleros frente a aseguradoras. “Es lógico que los empresarios reclamen, al margen de las ayudas que ya han recibido.”
