Decenas de empresas gallegas dedicadas a la hostelería así como hoteles y hospedajes han decidido reclamar al Gobierno español los daños causados por la limitación de actividad durante el estado de alarma.
Bufetes de abogados de Galicia así como de Madrid están tramitando las demandas, entre los que figura el de Calixto Escariz. Desde la sede de Vigo, el abogado Javier Pérez explica que están solicitando “reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños que están causados por la normativa de limitación de actividad” debido a la pandemia del COVID-19.
Pérez añade que “la normativa para el estado de alarma les causó daños y perjuicios que les hizo cargar con una responsabilidad que no era tal y que les causó una serie de daños”. Agrega que no tenían el deber jurídico de soportarlo “tal y como dice la norma”.
El letrado detalla que las reclamaciones están siendo iniciadas tanto por restaurantes de gran envergadura, como por bares y cafeterías más pequeños, además de hoteles grandes e importantes y pensiones más modestas.
Desde la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, han llegado a acuerdos con determinados bufetes para que los socios de la organización no tengan que desembolsar tanto en las demandas.
Beatriz Carballido, tesorera de la Federación, aclara que las reclamaciones se están efectuando de forma individualizada y no federada. De ahí, que –de momento– no haya datos de cuántas reclamaciones se han presentado o están en vías de presentarse en Pontevedra.
El propietario del Hotel Bahía de Vigo y presidente de la Federación, César Sánchez Ballesteros, reconoce estar sopesando la idea de presentar una reclamación.
El abogado Javier Pérez asegura que son historias de David y Goliats contemporáneos.
“Es un mito que ganar a la administración es imposible. No se trata de ser más grande o más pequeño sino de quien tiene razón o no y a quien ampara el derecho”
Reconoce que es “un territorio inexplorado. La reclamación patrimonial a la administración es muy usada; otra cosa es su aplicación a un aspecto novedoso por actividades ligadas al COVID”.
En cuanto a los plazos, Javier Pérez apunta que no finaliza el 25 de mayo como apuntan desde algunas entidades.
“El plazo no cuantifica un año desde que se inició el estado de alarma sino un año desde que se produjo el daño”
En la reclamación, se analiza la facturación e ingresos esperados en comparación con los obtenidos en los años anteriores y lo que se esperaba para el periodo de la demanda.
Fuera de Galicia, las denuncias han comenzado a plantearse también. Una de ellas ha sido presentada por el hotel valenciano Primus –con cuatro estrellas, 262 habitaciones y ubicado en el centro– que reclama al Gobierno 3,8 millones de euros por las pérdidas sufridas el año pasado como consecuencia de las restricciones de movilidad para controlar la pandemia del coronavirus.
