Arrancó hace más de un año como una alerta sanitaria, pero la pandemia generada por el COVID-19 no tardó en tomar tintes de crisis económica. Su mazazo se sintió de forma especial en pequeños negocios de sectores que –como la restauración a o el comercio– se vieron obligados a cerrar sus puertas durante meses, reducir horarios y restringir aforos. La mejor prueba de ese varapalo lo deja la ola de manifestaciones promovidas por hosteleros y comerciantes para exigir un plan de rescate. Con el objetivo de paliar en parte el impacto del COVID en sus cajas, en marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto de medidas extraordinarias que contempla una inyección de 7.000 millones en ayudas directas –5.000 para las comunidades peninsulares– a negocios que hayan visto cómo su facturación se desinflaba en más de un 30%. El Real Decreto fija además la ayuda mínima para autónomos y empresas en 4.000 euros. A pesar de su ambicioso planteamiento, su efecto real a pie de calle –al menos según los porcentajes que manejan los negocios– será contenido: llegarán a algo más del 30% de los autónomos.
ATA calcula que la proporción de autónomos a los que puede llegar es del 28,3%. Su cálculo se basa en tres factores: primero, la partida reservada a Galicia en el Real Decreto, que equivale a 234,4 millones de euros; segundo, el número de autónomos registrados en la comunidad (207.460); y tercero, los 4.000 euros que marcan el mínimo a percibir por cada autónomo o empresa. En Vigo el Ministerio de Seguridad Social contabilizaba a finales de febrero 18.279 personas afiliadas en el régimen especial de autónomos. Si se aplicase a ese total el porcentaje que maneja la asociación ATA, en el municipio habría alrededor de 5.200 posibles beneficiarios.
El cálculo de la Asociación de Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia (APE) es algo más bajo y se sitúa en torno al 25%. La razón, apuntan, es el carácter “restrictivo” de los criterios contemplados a día de hoy para optar a las ayudas directas, que delimitan por ejemplo los tipos de actividad. “Al emprendedor hay que ayudarlo”, reivindica su presidente, José Ramón Caldas.
Tanto en el caso de ATA como el de APE las proporciones son únicamente orientativas. Por ejemplo, no todos los autónomos cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios, no todos se han visto perjudicados por la pandemia y tampoco todos los que reciban ayudas se quedarán en el mínimo de 4.000 euros. Los porcentajes sirven en cualquier caso, reivindican, para visibilizar el alcance limitado de la convocatoria tal y como se plantea a día de hoy. “Desde ATA pedimos al Gobierno no solo la ampliación de sectores y CNAE que tienen acceso a las ayudas directas, sino también que aquellas comunicaciones que van a sufrir discriminación vean compensado esta falta de presupuesto para que no haya autónomos de primera y de segunda según la comunidad en que desarrollan su actividad”, reivindicaba hace unos días el presidente del colectivo profesional, Lorenzo Amor.
Desde la Unión Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA) ponen el acento en la importancia de ampliar los epígrafes. “Quedan al margen de las ayudas un grupo amplio de autónomos que deben incorporarse”, recalca Eduardo Sabarís. UPTA reconoce “no poder entender cómo sectores fundamentales de la microeconomía, como las tiendas de suvenires, los agentes comerciales, salones de estética, peluquerías... han quedado fuera de los 95 CNAE publicados en el Real Decreto”. “Es absolutamente ilógico que se queden fuera sectores que son un pilar fundamental”, remarca Sabarís, responsable de la asociación y partidario de que el reparto se fije por el alcance de las pérdidas.
Rafael Granados, presidente de ATA Galicia, lamenta la “discriminación” que el reparto genera entre las propias comunidades. Tomando como referencia el criterio de reparto de los 5.000 millones reservados para regiones peninsulares y los 2.000 para las insulares, ATA estableció un cálculo del porcentaje de posibles beneficiarios. En el caso de Galicia sería del 28,3% –la proporción más baja–, en el de León del 30,7%, en La Rioja del 32,2%, del 32,3% en País Vasco, del 33,8% en Cantabria, del 34,7% y del 35% en Murcia.
“Galicia sale perdiendo en comparación con los autónomos de las Baleares, por ejemplo. Es una discriminación”, censura Granados. El representante de ATA en Galicia señala también la necesidad de ampliar el CNAE para abarcar a un mayor gama de beneficiarios y evitar lo que tacha de una nueva “discriminación” entre profesionales instalados en una misma comunidad autónoma. Apunta en cualquier caso que el proceso está aún en una fase inicial y confía en que el reparto se pueda “flexibilizar” con el margen del que dispone la Xunta. Las ayudas directas podrían llegar ya en mayo.
